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  • Cámara de Diputados archiva denuncia contra Pedro Castillo por caso de ascensos militares y Suprema evalúa posible nulidad de su condena

    El Parlamento rechazó la acusación constitucional contra el expresidente y el exministro de Defensa Walter Ayala por presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas. En paralelo, la Corte Suprema revisa la condena de Castillo por el fallido golpe de Estado de 2022 y habría identificado posibles vulneraciones al debido proceso.

    Cámara de Diputados archiva denuncia contra Pedro Castillo por caso de ascensos militares y Suprema evalúa posible nulidad de su condena
    El Pleno de la Cámara de Diputados archivó, por mayoría, la Denuncia Constitucional 12, anteriormente identificada como la 403, que recomendaba acusar al expresidente Pedro Castillo Terrones y al exministro de Defensa Walter Ayala Gonzales por presuntos delitos relacionados con el proceso de ascensos militares correspondiente al año 2021.

    Según informó el Centro de Noticias del Congreso, a Castillo se le atribuía la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio. La votación de este extremo registró 54 votos a favor de la acusación, 43 en contra y 11 abstenciones. Aunque la mayoría de los votos fue favorable a continuar con la acusación, no se alcanzó el número necesario para aprobarla. Por ello, el procedimiento quedó archivado en la Cámara de Diputados.

    En el caso de Walter Ayala, se le atribuyeron presuntamente los delitos de abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado. Este extremo también fue archivado, con 52 votos a favor, 45 en contra y nueve abstenciones. Asimismo, se realizó una segunda votación para archivar la imputación por presunta organización criminal contra Ayala. Esta decisión obtuvo 92 votos a favor, 11 en contra y cinco abstenciones.


    ¿Qué hechos comprendía la denuncia?

    La denuncia estaba relacionada con el proceso de ascensos de oficiales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú, correspondiente al año 2021 y con efectos para la promoción de 2022.

    De acuerdo con la imputación, Castillo habría favorecido presuntamente los intereses particulares de determinados oficiales para facilitar su ascenso al grado inmediato superior. En tanto, Walter Ayala habría intervenido como supuesto intermediario y gestor de esos intereses.

    Durante la sesión, el abogado Hugo Yataco Pérez asumió la defensa del expresidente. Castillo también participó de manera virtual desde el penal de Barbadillo y rechazó las acusaciones. Con el archivo de la denuncia, el caso no será elevado al Senado para continuar con el procedimiento de acusación constitucional en esta instancia.


    Corte Suprema podría anular la condena por el fallido golpe de Estado

    En otro proceso judicial, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evalúa los recursos de apelación relacionados con la condena impuesta a Pedro Castillo por los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y otras medidas.

    Los magistrados habrían advertido un posible defecto procesal relacionado con la imputación de los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión. Esta situación podría llevar a que se declare la nulidad del juicio y se disponga la realización de uno nuevo.

    En noviembre de 2025, Castillo fue condenado a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión. La sentencia también comprendió a los exministros Willy Huerta, Betssy Chávez y Aníbal Torres, aunque con penas distintas.

    La controversia identificada por los magistrados estaría relacionada con el tratamiento que recibió el delito de conspiración para la rebelión durante la investigación y el juicio. La Fiscalía habría investigado inicialmente a Castillo por rebelión y conspiración para la rebelión; sin embargo, posteriormente, la acusación fiscal se habría centrado en el delito de rebelión.

    Durante el juicio, la Sala Penal Especial se apartó de esa acusación y terminó condenando al expresidente por conspiración para la rebelión. Para la Sala Suprema, sería necesario esclarecer qué ocurrió con la investigación de este último delito y si existió una decisión fiscal o judicial que definiera su situación.


    ¿Qué solicitaron los jueces supremos?

    En la resolución que admitió a trámite los recursos de apelación, el 22 de octubre, la Corte Suprema solicitó a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos un informe documentado.

    El requerimiento busca establecer en qué momento y bajo qué fundamento el delito de conspiración para la rebelión dejó de formar parte de la investigación preparatoria. También se pidió información al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para determinar si existió alguna resolución sobre ese delito durante la investigación o la etapa intermedia.

    La preocupación de los magistrados estaría vinculada con una posible afectación al debido proceso y al derecho de defensa. Si el delito no fue debidamente incorporado o definido durante las etapas correspondientes, podría existir un problema en el procedimiento que dio lugar a la condena.


    Una posible nulidad no significa una absolución

    De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, una de las posibles consecuencias de las observaciones de la Corte Suprema sería anular el juicio y realizar nuevas audiencias para evaluar conjuntamente los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión.

    Sin embargo, la nulidad todavía no constituye una decisión definitiva. La Sala Penal Permanente deberá evaluar los informes solicitados y los argumentos presentados durante la audiencia de apelación antes de emitir su pronunciamiento.

    Por tanto, una eventual anulación de la sentencia no equivaldría automáticamente a una absolución de Pedro Castillo, sino que podría significar que el proceso judicial deba repetirse para garantizar el respeto de las reglas procesales y el derecho de defensa.


    Dos procedimientos distintos

    El archivo de la denuncia constitucional por el caso de los ascensos militares y la revisión de la condena por el fallido golpe de Estado corresponden a procedimientos diferentes. La decisión de la Cámara de Diputados se refiere a las imputaciones vinculadas con el presunto favorecimiento de oficiales durante los ascensos de las Fuerzas Armadas. En cambio, la evaluación de la Corte Suprema está relacionada con la sentencia dictada por los hechos del 7 de diciembre de 2022.

    En consecuencia, el archivo de la denuncia parlamentaria no anula la condena impuesta a Castillo por el fallido golpe de Estado. Del mismo modo, una eventual nulidad de esa sentencia no modifica por sí misma la decisión adoptada por la Cámara de Diputados sobre el caso de los ascensos militares.





    Fuentes: CENTRO DE NOTICIAS DEL CONGRESO Y LA REPÚBLICA./ Redacción: Radio Trueno.

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