Expertos advierten que funcionarios que firmen un indulto a Pedro Castillo podrían ser denunciados por abuso de autoridad
El presidente Balcázar espera entre martes y miércoles el dictamen del Ministerio de Justicia sobre el pedido de indulto para el expresidente. Penalistas y constitucionalistas coinciden en que la medida sería ilegal e inconstitucional, y que toda la cadena de funcionarios involucrados podría afrontar responsabilidades penales.
A una semana del cambio de gobierno, el presidente José María Balcázar mantiene abierta la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo, preso desde diciembre de 2022 tras su intento de golpe de Estado. El mandatario informó que espera recibir entre martes y miércoles el dictamen del Ministerio de Justicia sobre el pedido presentado por los familiares de Castillo. Sin embargo, expertos en derecho penal y constitucional advierten que la medida carecería de sustento legal y que todos los funcionarios que participen en la cadena de aprobación -desde la Comisión de Gracias Presidenciales hasta el propio presidente- podrían ser denunciados por abuso de autoridad.
Balcázar: "Todavía no se ha tomado ninguna decisión"
En entrevista con Exitosa, el presidente señaló que el tema sigue su curso administrativo:
"Todavía no se ha tomado ninguna decisión. El Ministerio de Justicia está elaborando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo. Yo creo que entre mañana o pasado seguramente emitirán el dictamen respectivo y, a partir de ahí, podremos conversar sobre este tema."
Balcázar añadió que la prioridad actual de su gobierno es atender la emergencia por el sismo en Junín, y que no descarta que el expediente pueda quedar en manos del próximo gobierno de Keiko Fujimori:
"No se descarta esa posibilidad. El expediente podría ser tratado tranquilamente por el siguiente gobierno."
Penalistas: "Toda la cadena asumiría responsabilidades"
El abogado penalista Andy Carrión advirtió que un eventual indulto a Castillo no cumpliría con los requisitos legales vigentes y que cada funcionario que participe en el proceso respondería por su actuación:
"Si el propio Balcázar toma la decisión de otorgar el indulto, a pesar de no concurrir los requisitos legales expresamente señalados, toda esta cadena que participa en el otorgamiento tendría que asumir responsabilidades respecto a la interpretación arbitraria de la ley."
Carrión precisó que el procedimiento involucra a tres instancias: la Comisión de Gracias Presidenciales del INPE, el Ministerio de Justicia y el presidente de la República. Señaló que quienes avalen la medida podrían afrontar el delito de abuso de autoridad y que incluso el refrendo del premier podría generar responsabilidad penal por omisión.
Además, enfatizó que ni el indulto ordinario, ni el humanitario, ni la gracia presidencial serían aplicables en el caso de Castillo mientras no se cumplan los presupuestos legales.
Constitucionalistas: "Sería absolutamente ilegal e inconstitucional"
El constitucionalista Natale Amprimo fue categórico:
"Sería absolutamente ilegal e inconstitucional. Los responsables pueden ser objeto de una denuncia constitucional e inhabilitaciones para ejercer la función pública."
Amprimo precisó que, si Balcázar decide excarcelar a Castillo, varios funcionarios tendrían que responder ante la justicia: el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, el ministro de Justicia Luis Jiménez, y el premier Luis Arroyo, todos los cuales serían denunciados por abuso de autoridad.
"No tiene sentido que el señor Balcázar fuerce un indulto cuando es claro que ese indulto no es procedente en el caso del señor Castillo."
El constitucionalista Aníbal Quiroga coincidió en que existiría responsabilidad política, penal y constitucional tanto en el mandatario como en el ministro de Justicia en caso de avalar la liberación.
El debate sobre la libertad de Pedro Castillo ha sido una constante durante las últimas semanas. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria concluyó recientemente que la detención de Castillo fue arbitraria y recomendó su liberación inmediata, lo que sumó presión internacional al caso.
Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, planteó directamente a Keiko Fujimori que considere las rutas legales para la liberación de Castillo como parte de una política de "despolarización", aunque aclaró que esta tarea le corresponde al nuevo gobierno y no al de Balcázar.
La Comisión de Gracias Presidenciales ya rechazó el mes pasado un pedido de indulto humanitario y declaró inadmisible la solicitud de indulto común de Castillo, al no cumplir con los requisitos exigidos. Que Balcázar siga explorando esta vía pese a esos antecedentes es precisamente lo que genera la alarma entre los especialistas.
Castillo fue condenado por el delito de conspiración tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y permanece recluido en el penal de Barbadillo.
A siete días del cambio de mando, la posibilidad de un indulto a Pedro Castillo se mantiene como una de las decisiones más polémicas que podría tomar el gobierno saliente. Los expertos son claros: hacerlo sin sustento legal no solo sería inconstitucional, sino que expondría a toda la cadena de funcionarios involucrados a denuncias penales por abuso de autoridad. La pelota está entre Balcázar -que puede actuar en los próximos días- y Fujimori, que heredaría el expediente si el actual mandatario decide no resolver.
Fuente: PERU21 / Redacción: RADIO TRUENO
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