Rospigliosi promulga ley que traslada al fuero militar el juzgamiento de policías y militares tras el silencio de Balcázar
El presidente del Congreso promulgó la norma por insistencia luego de que el presidente Balcázar no la observó ni promulgó dentro del plazo constitucional de 15 días hábiles. La congresista Ruth Luque calificó la ley como inconstitucional y acusó al mandatario de "agachar la cabeza al fujimorismo". Especialistas en derechos humanos piden al Poder Judicial que la inaplique.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó por insistencia la ley que establece que las investigaciones contra policías y militares por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones serán competencia exclusiva del fuero militar-policial, sacándolas de la justicia ordinaria. La promulgación se concretó después de que el presidente José María Balcázar dejó vencer el plazo constitucional de 15 días hábiles sin observar ni promulgar la norma, una omisión que la congresista Ruth Luque atribuyó a la intención de no confrontar al fujimorismo. La ley ha sido rechazada por la CIDH, organizaciones de derechos humanos y especialistas constitucionales.
El silencio de Balcázar habilitó la promulgación
La ley fue aprobada por el Congreso el 23 de junio con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones. Desde esa fecha, el presidente Balcázar disponía de 15 días hábiles para promulgarla u observarla. Sin embargo, el plazo venció el viernes 19 de julio sin que el mandatario tomara ninguna acción, lo que habilitó al presidente del Congreso a promulgarla por insistencia.
La congresista y senadora electa Ruth Luque (Ahora Nación) responsabilizó directamente a Balcázar:
"Balcázar ha decidido agachar la cabeza al fujimorismo y no observar la autógrafa que amplía la justicia militar policial y que distorsiona los delitos de función para dejar impunes delitos de agentes que violan derechos humanos. La ley Rospigliosi es inconstitucional y nos recuerda la dictadura fujimorista de los noventa."
¿Qué establece la ley?
La norma amplía significativamente el concepto de "delito de función" para policías y militares:
Para las Fuerzas Armadas, se considera delito de función toda conducta ilícita cometida durante acciones militares para el mantenimiento o restablecimiento del orden interno y en el cumplimiento de otras funciones legalmente establecidas, en el marco de un estado de emergencia.
Para la Policía Nacional, se considera delito de función toda conducta ilícita cometida en el cumplimiento de sus funciones de prevención e investigación del delito, control de identidad, inteligencia, fiscalización de tránsito, seguridad personal y domiciliaria, vigilancia de fronteras y peritajes de criminalística.
Además, la ley ordena que los jueces de la jurisdicción ordinaria archiven las investigaciones cuando corroboren que ya son materia de investigación en el fuero militar-policial.
Especialistas piden que el Poder Judicial la inaplique
La expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Julissa Mantilla, señaló que el Poder Judicial tiene la obligación de inaplicar una norma que va contra la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado:
"Mientras algunos pasarán a la historia dejando un honroso legado de defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, otros serán recordados por extender la alfombra roja de la impunidad."
Se promulga en medio de casos de abuso policial
La ley entra en vigencia en un contexto de cuestionamientos a la actuación policial. El Ministerio Público acaba de iniciar una investigación contra el agente PNP Luis Nazario por la muerte de un niño de ocho años durante una intervención policial en el distrito de Huacho, Lima. La tragedia ocurrió cuando el agente intervino un mototaxi donde el menor y su madre viajaban como pasajeros.
Otro caso reciente es el del abogado Danilo Vargas Ccoya, quien el 29 de junio fue agredido en el interior de una comisaría en Puno, donde acudió a presentar una denuncia, y terminó con graves lesiones en el rostro y cuerpo. La Fiscalía también investiga este caso.
La promulgación de esta ley cierra un proceso que generó rechazo desde el momento de su aprobación en el Congreso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue la primera en pronunciarse, recordando que "el fuero militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional". Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también exhortaron a Balcázar a observar la norma, pedido que el mandatario ignoró.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de manera reiterada que el fuero militar no es competente para investigar ni juzgar violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado, por considerar que estos actos no constituyen funciones propias de las fuerzas armadas ni policiales.
Esta ley se suma a otras normas cuestionadas aprobadas por el Congreso saliente, como la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad, la ley de amnistía para militares y policías, y la reciente ley que incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal con requisitos que, según expertos, facilitan la impunidad.
Al menos cuatro bancadas del nuevo Congreso -Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Obras- han anunciado que buscarán derogar este paquete de leyes, conocidas como "leyes procrimen", como una de sus primeras prioridades legislativas. Suman 74 votos en la Cámara de Diputados y 30 en el Senado.
Con esta promulgación, la ley que traslada al fuero militar el juzgamiento de policías y militares entra en vigencia en uno de los últimos actos del Congreso saliente. Su futuro dependerá de dos frentes: por un lado, la capacidad del Poder Judicial para inaplicarla en casos concretos invocando su inconstitucionalidad; por otro, la voluntad del nuevo Congreso bicameral para derogarla como parte del paquete de leyes procrimen que al menos cuatro bancadas se han comprometido a eliminar. Lo que queda claro es que la impunidad no puede ser la respuesta del Estado a los legítimos desafíos de seguridad que enfrenta el país.
Fuente: LA REPÚBLICA / Redacción: RADIO TRUENO
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