Grupo de Trabajo de la ONU concluye que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y recomienda su liberación inmediata
Los especialistas de Naciones Unidas determinaron que la detención del expresidente vulneró derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El pronunciamiento reaviva el debate sobre un eventual indulto, mientras el presidente Balcázar no descarta la posibilidad y Fuerza Popular la rechaza.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo, ocurrida tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, no respetó los procedimientos correspondientes para llevarse a cabo de manera regular y, por tanto, fue arbitraria. Los especialistas instaron al Estado peruano a disponer la liberación inmediata de Castillo y señalaron que el exmandatario tiene derecho a solicitar una reparación económica por los perjuicios ocasionados. El pronunciamiento llega en un momento de intensa discusión sobre su futuro judicial, a pocas semanas del cambio de gobierno.
Los derechos vulnerados según la ONU
Según el Grupo de Trabajo, la detención de Castillo vulneró múltiples normas internacionales de derechos humanos:
De la Declaración Universal de Derechos Humanos: los artículos 3 (derecho a la libertad), 9 (prohibición de detención arbitraria), 10 (derecho a un tribunal independiente) y 11 (presunción de inocencia).
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: los artículos 9 (derecho a la libertad) y 14 (igualdad ante los tribunales).
En base a esta evaluación, los especialistas recomendaron al Estado peruano la liberación inmediata del expresidente y señalaron que Castillo podría solicitar una reparación por los perjuicios causados.
Descartaron discriminación, pero identificaron enfrentamiento político
El documento también evaluó si existió discriminación contra Castillo por su origen campesino y condición social. Tras analizar este punto, el Grupo de Trabajo concluyó que no se presentaron elementos suficientes para acreditar discriminación, pero sí identificó "un continuo enfrentamiento entre grupos con distintas posiciones políticas".
¿Es vinculante la decisión?
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó que las opiniones del Grupo de Trabajo sí tienen carácter vinculante para el Perú, dado que el Estado ratificó el tratado internacional que sustenta la existencia de estos órganos:
"Si bien es cierto que las opiniones de un Grupo de Trabajo no tienen la fuerza de una resolución jurisdiccional, estos órganos existen en virtud del mandato del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que el Perú ha ratificado. Por lo tanto, ello determina el carácter vinculante de sus decisiones."
Balcázar no descarta el indulto; Fuerza Popular lo rechaza
El pronunciamiento de la ONU reaviva el debate sobre un eventual indulto. El presidente José María Balcázar no ha descartado tramitar una gracia presidencial a favor de Castillo, argumentando que contribuiría al proceso de pacificación del país:
"Yo podría o no podría dar indultos a cualquier condenado o procesado que la ley y la Constitución me pueden autorizar. Es una decisión presidencial, la Constitución me autoriza."
Sin embargo, desde Fuerza Popular la posibilidad ha sido rechazada de plano. El senador electo Héctor Ventura calificó la eventual concesión como un tema "irrelevante" y un "imposible jurídico":
"Hay muchísimo que trabajar en la lucha contra la inseguridad ciudadana, darle estabilidad jurídica, social, política y económica al país, y no estar pretendiendo intereses personalísimos."
La postura de la defensa legal de Castillo
El abogado de Castillo y exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, sostuvo que el expresidente cumpliría con las condiciones legales para acceder a una gracia presidencial: no tiene sentencia firme, mantiene la condición de procesado y ha permanecido detenido por un periodo que supera el doble del plazo previsto para el proceso. Además, precisó que las restricciones para este beneficio solo alcanzan a determinados delitos como el sicariato, la extorsión y la violación de menores.
Pedro Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo desde diciembre de 2022, tras ser vacado por el Congreso luego de su intento de disolver el Parlamento y gobernar por decreto.
El tema de su libertad ha sido una constante durante todo el proceso electoral de 2026. El candidato Roberto Sánchez prometió durante la campaña que indultaría a Castillo si ganaba la presidencia. La Comisión de Gracias Presidenciales desestimó el mes pasado el pedido de indulto presentado por el expresidente al no cumplir con las condiciones exigidas. El excandidato Jorge Nieto también planteó a Keiko Fujimori que considere el indulto como gesto de gobernabilidad, argumentando que "el Perú necesita descomprimirse".
El pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU añade un factor de presión internacional al debate, aunque la decisión final sobre la situación de Castillo dependerá de las autoridades peruanas: ya sea el presidente Balcázar en sus últimos días de mandato o el próximo gobierno de Keiko Fujimori a partir del 28 de julio.
El pronunciamiento de la ONU coloca al Estado peruano ante una recomendación internacional directa que no podrá ignorar fácilmente. Con el cambio de gobierno a menos de un mes de distancia, la decisión sobre el futuro de Pedro Castillo queda entre dos opciones: que Balcázar actúe en sus últimos días de mandato o que la nueva administración de Keiko Fujimori defina su postura frente a un caso que seguirá siendo uno de los temas más divisivos de la política peruana.
Fuente: LA REPÚBLICA / Redacción: RADIO TRUENO
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