Petroperú: Congreso rechazó derogar decreto de urgencia que privatiza la petrolera estatal

La iniciativa agrupaba 13 proyectos de ley presentados por distintos legisladores, entre ellos José María Balcázar, quien impulsó la propuesta cuando aún presidía la comisión.

El argumento central del predictamen era que eliminar el decreto resultaba indispensable para proteger la soberanía energética del país y evitar mecanismos que pudieran derivar en la privatización de Petroperú. En esa línea, el texto también planteaba restituir disposiciones que excluyen a la empresa estatal de determinados esquemas de participación privada.

La discusión en torno al DU 010-2025 no surgió de forma repentina. Dos semanas antes, la misma comisión ya había abordado el tema y decidió postergar la votación para abrir un espacio de diálogo con los actores involucrados.

Como parte de ese proceso, el pasado 12 de mayo se realizó una mesa de trabajo con representantes del sector energético y el presidente del directorio de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, quien asumió el cargo el 3 de mayo y se convirtió en el cuarto titular de la empresa en menos de tres meses.

Durante esa sesión, Lizarzaburu expuso la situación financiera de la compañía y defendió la necesidad de avanzar con el proceso de reestructuración como una salida para estabilizar a la petrolera estatal. Con ese antecedente, la comisión retomó el predictamen días después, aunque finalmente la propuesta no logró los votos necesarios para prosperar.

Uno de los puntos más cuestionados durante el debate fue el creciente protagonismo de ProInversión en el proceso de reorganización de Petroperú. Diversos congresistas advirtieron que una entidad orientada a promover inversión privada no debería asumir decisiones operativas dentro de una empresa estratégica del Estado.

La congresista Elizabeth Medina sostuvo que el Gobierno actúa con "un grado de desesperación" desde que la comisión puso en agenda la derogación del decreto. Según afirmó, el reciente decreto "pretende quitarle la autonomía operativa y empresarial de Petroperú" y advirtió que "ya no se trata de una privatización encubierta, sino de una privatización real".

"Lo que nosotros defendemos es justamente la soberanía energética", afirmó. Además, cuestionó el rol de ProInversión dentro de la petrolera estatal y denunció que se busca trasladar las decisiones estratégicas hacia esa entidad.

"Si ProInversión pasa a intervenir en decisiones vinculadas a activos, asociaciones, proyectos o gestión estratégica, se generará una subordinación indirecta que reduce la capacidad de decisión de la empresa sobre su propio desarrollo corporativo", sostuvo.

La parlamentaria también criticó el manejo histórico de los recursos petroleros en el país. "Pagamos el petróleo más caro de Sudamérica. ¿Quiénes se han beneficiado? El pueblo peruano no", afirmó. En esa línea, defendió que los recursos naturales "deben administrarse pensando en el futuro del país".

En esa misma línea, el congresista Carlos Zeballos coincidió en que el decreto de urgencia afecta directamente la autonomía de la empresa estatal. "ProInversión ni siquiera tiene la especialización técnica para poder hacerse cargo" de decisiones operativas vinculadas al sector hidrocarburos, sostuvo.

Asimismo, cuestionó los millonarios desembolsos realizados en el marco del DU 010-2025. "Se ha desembolsado más de 30 millones de soles" para una consultora y "más de un millón de soles" para asesoría legal, señaló, tras remarcar que "hasta el momento no tiene resultados".

Sobre el fideicomiso de US$2.000 millones planteado por el Ejecutivo, el legislador lanzó críticas por el eventual control externo sobre la empresa. "Prácticamente le están diciendo: "Para que tú tomes una decisión tienes que pasar por mí" ", indicó.

La congresista Ruth Luque también respaldó una línea de fortalecimiento de Petroperú y remarcó que la discusión no debe centrarse únicamente en criterios financieros.

"Cualquier Estado siempre mantiene recursos estratégicos", afirmó, al señalar que la empresa cumple un rol clave para garantizar el abastecimiento energético y evitar escenarios de especulación.

Luque consideró además que el decreto generó rechazo porque, lejos de fortalecer a la petrolera estatal, "ha puesto en riesgo una empresa que efectivamente tendría que haber sido seriamente debatida".

Del otro lado, el congresista Eduardo Salhuana rechazó la derogatoria del decreto y aseguró que el problema de fondo es financiero. "Petroperú no caza ratones, causa forados fiscales", dijo al señalar que la empresa no tiene capacidad para abastecer regiones como Madre de Dios.

Salhuana advirtió que, si la empresa cae en insolvencia, "los acreedores asumen la conducción" y recordó que gran parte de ellos son bonistas extranjeros. "Tanto que peleamos porque sea peruano, vamos a terminar desembocando en una gestión básicamente de acreedores internacionales", alertó.

En paralelo al debate legislativo, ProInversión dio un paso concreto hacia el control operativo de Petroperú. Mediante un oficio emitido el 15 de mayo por su Dirección de Portafolio de Proyectos, la agencia comunicó al directorio de la empresa que asumirá la supervisión y ejecución directa de todas las adquisiciones de petróleo crudo, derivados, aditivos e insumos críticos destinados a las refinerías y terminales de la compañía.

El documento, dirigido al presidente del directorio, Edmundo Lizarzaburu, señala que la medida responde a los decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos en el país.

Entre las disposiciones más relevantes, el oficio instruye al directorio y a la gerencia general de Petroperú a abstenerse de aprobar o suscribir contratos, adendas u obligaciones financieras que comprometan flujos futuros de la empresa más allá de las necesidades operativas ya presupuestadas.

Además, ProInversión exigió que Petroperú remita en un plazo máximo de 48 horas el detalle de todos los procesos de compra de hidrocarburos y compromisos financieros que se encuentren en negociación o ejecución, con el fin de evaluarlos o trasladarlos a su esfera de competencia.

El oficio también advierte que cualquier incumplimiento podría afectar el proceso de reestructuración patrimonial y generar responsabilidades para los funcionarios que desacaten las disposiciones emitidas por ProInversión, entidad que ahora concentrará el control sobre las principales decisiones de abastecimiento de la petrolera estatal.

Fuente: LA REPÚBLICA