Mensaje a la Nación de Dina Boluarte 2025: luchar contra inseguridad, minería ilegal y reducir déficit

Mientras los gremios del sector privado apuestan por la continuidad del shock desregulatorio, el movimiento sindical denuncia una campaña camuflada de despidos arbitrarios. Además, en la agenda pública ha aparecido con protagonismo, la necesidad de regular la actividad que realiza la minería artesanal a partir de una nueva ley que reemplace al fracasado Reinfo.

Estamos entrando a un escenario preelectoral y el populismo legislativo asoma para seguir deteriorando las finanzas del país. No hay mucha expectativa del agro y las mypes en que cambie la indiferencia de las autoridades.

Los trabajadores no tenemos esperanzas de mejoras reales que se puedan anunciar en este último mensaje por Fiestas Patrias. Sin embargo, requerimos de decisiones políticas que se traduzcan en acciones concretas. No más muertes de peruanos como consecuencia de la inseguridad ciudadana y no más corrupción en el aparato estatal, situación que está fuera de control y que nos cuesta miles de millones de soles.

Le decimos alto a los despidos ilegales de trabajadores y abogamos por el cumplimiento de la sentencia del TC del 2019 para que las pensiones de nuestros jubilados no sean menores al sueldo mínimo. Es urgente el incremento de la RMV, así como una reforma integral de las normas legales para un adecuado ejercicio de la libertad sindical. Finalmente, deben derogarse todas las leyes pro crimen y avanzar hacia el inmediato cambio de la Constitución.

Esperamos un discurso responsable, técnico y centrado en las verdaderas prioridades del país. La inseguridad ciudadana es el problema más urgente y, por lo tanto. se necesita que todos los poderes del Estado articulen para derrotarla. Los empresarios y trabajadores estamos unidos y sosteniendo reuniones, en el marco del Acuerdo Nacional, para construir una propuesta consensuada.

Un tema que tampoco se puede dejar de lado es la necesidad de que se ejecuten grandes proyectos de infraestructura para cerrar una brecha de entre US$160.000 y US$180.000 millones. Y por último, se tiene que promover la inversión privada, que es la gran generadora de empleo formal y de recursos para hacer colegios, hospitales, etc. Aquí, le corresponde al Estado ser eficiente en el manejo de los recursos y trabajar para mejorar la calidad de vida de la población.

La presidenta Dina Boluarte debe garantizar la estabilidad jurídica, política, económica y social que el Perú necesita para reactivar la economía, generar empleo y reducir la pobreza. Además, debe asegurar un proceso transparente y una transición ordenada para el próximo gobierno.

Es clave impulsar e implementar el shock desregulatorio, con las medidas anunciadas para julio, promover la inversión y fortalecer las APP. En materia económica, debe comprometerse a reducir el déficit fiscal, sin más flexibilizaciones, contramarchas ni "salvatajes" de PetroPerú. El país requiere recuperar el principio de autoridad en zonas golpeadas por economías ilegales que afectan la inversión, la vida cotidiana y el tejido productivo. No podemos permitir que las economías criminales se conviertan en una alternativa de ingresos o un nuevo oficio para los peruanos.

Las Mypes no tenemos mayores expectativas del discurso de 28 de julio. Sabemos que los anuncios del 2024 quedaron en medidas incompletas o no implementadas por el actual gobierno. La inseguridad ciudadana continúa cerrando las empresas y los préstamos gota a gota siguen destruyendo la economía de las microempresas, quienes pagan altos intereses, con su vida como garantía y nuestras autoridades sin mostrar un plan convincente y disuasivo contra la delincuencia.

Programas como Compras MyPerú han perjudicado a las Mypes por la demora en implementarse. Finalmente, las deudas del estado a las empresas proveedoras de instituciones como EsSalud, ANA, municipalidades y otras, han condenado en este periodo a miles de empresas a quebrar, gracias a la indiferencia de las autoridades y la ausencia de los órganos de control.

La agenda económica que presente el Gobierno debe incluir medidas concretas para reactivar la inversión minera formal. Hoy hay 67 proyectos en cartera y 84 en exploración, muchos de ellos paralizados por exceso de trámites. Es clave establecer plazos definidos, reglas claras y predecibles, así como una ruta técnica que permita su destrabe.

Confiamos en que las mesas ejecutivas instaladas para construir una nueva Ley MAPE den como resultado una norma técnica que impulse una pequeña minería responsable, con financiamiento, trazabilidad y seguridad jurídica, dejando atrás el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Además, se requiere una estrategia firme frente a la minería ilegal. La minería formal, cuando opera con condiciones adecuadas, genera empleo, impulsa obras y dinamiza la economía peruana. Es una aliada para el desarrollo del país.

Creemos que la presidenta tiene la gran oportunidad de tomar una decisión política y ayudar a resolver el problema de la minería artesanal, sin vulnerar derechos. Una muestra de ello tiene que ser la derogatoria de estos decretos que son lesivos para la formalización, que lo único que hacen es excluir en lugar de incluir al proceso.

En segundo lugar, lo que se tiene que hacer es apoyar con iniciativas e ideas para que un minero que no tiene concesión, se formalice, ya que casi el 97% de mineros trabaja en concesiones de terceros. En tercer lugar, se tiene que abordar las concesiones ociosas: son 20 millones de hectáreas acaparadas, que están concesionadas por la gran, mediana y pequeña minería. Finalmente, tiene que coordinar con el Congreso dando los aportes necesarios para hacer una ley desde la primacía de la realidad y que tenga una aplicación práctica.

Se requiere promover una agenda de crecimiento mejorando las condiciones para atraer inversión. En ese sentido, el gobierno debe impulsar la desregulación y simplificación que viene trabajando el MEF y diversos ministerios con los gremios del sector privado. Asimismo, debe aprobar la nueva Ley Agraria para contribuir con el crecimiento, la inclusión de la pequeña agricultura y la generación de miles de empleos rurales.

A su vez, hay que destrabar el paquete de 23 proyectos de irrigación mediante APPs. Se tiene que brindar los recursos y capacidades al SENASA para la atención en temas sanitarios, de plagas, acceso a mercados y otros. Es fundamental la ampliación del seguro catastrófico y créditos para los pequeños agricultores. Finalmente, debe entregar al próximo gobierno un país en crecimiento, seguro y con el problema de la minería ilegal resuelta.

A un día del mensaje a la Nación, desde el agro decimos con claridad: necesitamos atención urgente. El campo que alimenta a más de 30 millones de peruanos sigue siendo ignorado por las políticas públicas. Mientras se blindan intereses empresariales con normas como la "Ley Chlimper 2.0", se condena al olvido a la agricultura familiar, a las comunidades campesinas y a los pequeños productores del país, nosotros preguntamos:¿dónde están el crédito, la asistencia técnica, los seguros agrarios y la compra pública que prometieron?

Este 28 de julio levantamos nuestra voz de protesta para exigir que el Gobierno asuma su responsabilidad con el agro diverso y real del Perú. No pedimos caridad, exigimos justicia para quienes sostenemos la seguridad alimentaria del país. ¡Sin campo no hay alimentación, ni futuro!

FUENTE: LA REPÚBLICA