Patricia Benavides: alertan que golpe al Ministerio Público puede favorecer a Dina Boluarte y congresistas investigados

La jefa de Estado es investigada por los presuntos delitos de abandono de cargo y omisión de funciones por el caso cirugías, así como por enriquecimiento ilícito por caso Rolex, colusión por el tema Qali Warma, las muertes en protestas y el supuesto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón. También su ministro de Educación, Morgan Quero, es investigado por presunta discriminación.

Sin embargo, en una entrevista a un medio local, Benavides no escatimó en mostrar su postura. "Siempre es un exceso (las denuncias contra Dina Boluarte). Es, de todas maneras, porque cada carpeta, si uno lo trabaja de manera detallada para analizar si es esa tesis fiscal que se tiene está dentro de ese ilícito penal y es hay una posibilidad que sí hay que seguir investigando, eso no es fácil porque además se trata de altos funcionarios. Entonces, ¿cómo puedo hacer cinco denuncias en un día?", declaró Benavides.

En comunicación con La República, el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, calificó la reposición de Patricia Benavides como "ilegal" y enfatizó que ello concretaría el control total de la Fiscalía por parte de la presidenta Dina Boluarte. Además, recordó la investigación de Benavides por supuestos favorecimientos a congresistas.

"La reposición de Benavides, además de ser ilegal, significaría el control del Ministerio Público por parte de la coalición antidemocrática y golpista que se hizo del poder desde el 7 de diciembre de 2022. Ya la exfiscal Benavides ha demostrado que ella persigue o perdona congresistas en función de sus intereses políticos, incluso está siendo investigada por ese motivo, es decir, habría condicionado investigaciones a cambio de votos. Por tanto, no dudamos que también restablecerá su alianza con Dina Boluarte, ambas se necesitan para garantizar impunidad", exclamó.

En tanto, advirtió del riego que significaría el retorno Benavides al Ministerio Público sobre las investigaciones de corrupción y organización criminal. En consecuencia, adelantó que evaluarán con su grupo partidario una eventual denuncia constitucional contra la fiscal suprema.

"El riesgo inminente es que obstaculice las investigaciones por corrupción y organización criminal a las que está sometida, tras su paso por la Fiscalía de la Nación, entre 2022 y 2024. Por otro lado, tendrá en sus manos las denuncias en curso contra Dina Boluarte y otros altos funcionarios, por lo que podría aprovechar su cargo para blindar estos casos", dijo.

Por otro lado, el congresista Guillermo Bermejo (JPP-Voces del Pueblo) enfatizó que, de volver Benavides a la Fiscalía, "saldría favorecida toda la telaraña política que está tomando por asalto las instituciones del estado, incluida Boluarte".

Además, alertó sobre los riegos que eso tendría: "Que, de la mano a su intento de tomar el Ministerio Público de nuevo, hayan repuesto también a su hermana como jueza sabiendo que libero a un narcotraficante sumamente peligroso, es parte de un plan de la ultraderecha en post de impunidad a sus delitos y ataques a enemigos políticos de cara a las elecciones".

Por otro lado, el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, alerto que quienes se beneficiarían con una eventual llegada de Patricia Benavides al Ministerio Público y apuntó directamente contra los congresistas y la presidenta Dina Boluarte y su entorno más cercano. En una entrevista para un medio local, Albán cuestionó también la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reponerla en el cargo.

"¿Alguien podría decir que, jurídicamente, se sostiene que la Junta pueda decir que (Patricia Benavides)vuelva a ser fiscal suprema, pero fiscal de la Nación? Por Dios esto es el descaro absoluto. Tenemos peruanos y peruanas que reaccionaron, basta ya de tanto atropello y de tanto sinvergüenza ¿Quiénes son los primeros que quieren que ella vuelva a ese cargo? Los que tienen que responder ante la justicia. La señora Benavides, si no fuera por la protección que le da el Congreso, tendría que estar hace rato ante los tribunales porque ha cometido delitos en cadena", Cuestionó.

"¿Qué se sabe de Patricia Benavides? Negociaba con decenas de congresistas para archivarles sus denuncias. En este momento, la propia presidenta está en tratando de llegar a acuerdos con ella para que no puedan seguir acusándola ante el Congreso y cuando le corresponda ante el Poder Judicial", reclamó.

Luego, acotó: "El presidente del Consejo de Ministros sospechoso de los cuellos blancos y debería estar investigado, el que fue ministro del Interior y ahora asesor principal de la presidencia, que se burlaba de la fiscal de la nación sin entregar el famoso celular, feliz aplaudiendo".

El último domingo 15 de junio, el dominical Cuarto Poder reveló que Dina Boluarte le habría pedido a Patricia Benavides archivar investigaciones en su contra por los delitos de genocidio y violación a los derechos humanos tras las muertes en protestas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

A cambio, Boluarte habría ofrecido a Benavides la destitución del exjefe de la Sunat, Luis Vera Castillo, quien era incómodo para las empresas del esposo de la exfiscal de la Nación. Esta investigación surge tras las declaraciones del exasesor Jaime Villanueva.

"La mandataria habría solicitado que se requiera a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que conforme al acuerdo que habrían arribado, se proceda al archivo de la investigación en su contra por los delitos de genocidio y violación de derechos humanos", se aprecia en el acta fiscal.

No solo Boluarte se beneficiaría, también su mayor aliado: el Congreso. Es preciso resaltar que, en abril de este año, Delia Espinoza presentó una denuncia constitucional contra Patricia Benavides porque, presuntamente, a través de uno de sus exasesores concertó con el congresista José Balcázar un intercambio de favores por el caso Valkiria.

La denuncia se basa en que, entre agosto y noviembre del 2022, Benavides habría ofrecido su apoyo al congresista en una resolución para poner fin a un proceso judicial que afrontaba en Lambayeque a cambio de que vote en contra de una denuncia en su contra en una constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

Desde que Delia Espinoza asumió como fiscal de la Nación, ha presentado al menos 24 denuncias constitucionales contra congresistas investigados por mochasueldos, Los Niños, tráfico de influencias, negociación incompatible, entre otros. Entre ellos se encuentran: Kelly Portalatino (Perú Libre), Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial), Guido Bellido (Podemos Perú), Silvia Monteza (Acción Popular), Magaly Ruiz (APP), Rosío Torre (APP), Edgar Tello (Podemos Perú), José Arriola (Podemos Perú), Elvis Vergara (Acción Popular), Raúl Doroteo (Acción Popular), Jorge Flores (Podemos Perú), Darwin Espinoza (Podemos Perú), entre otros.

FUENTE: LA REPÚBLICA