Comisión de Fiscalización aprueba informe final donde concluye que no existió una red de prostitución en el Congreso

No obstante, el informe concluye que sí hubo una serie de contrataciones irregulares dentro del personal técnico del Congreso de la República. Según se detalla, estas contrataciones se concentraron en el "personal femenino", lo que evidencia una clara connotación sexista. Asimismo, se recomienda iniciar investigaciones penales y administrativas contra Torres Saravia por presunto uso arbitrario del cargo público y favorecimiento indebido. El documento también señala que el partido Alianza para el Progreso (APP), al que pertenecía Torres Saravia, habría tenido un rol determinante en estos hechos, al registrarse una "captura política de la estructura administrativa del Congreso" durante las gestiones de Alejandro Soto y Eduardo Salhuana.

Siete congresistas votaron a favor: Juan Burgos (Podemos Perú), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Ariana Orué (Podemos Perú), Margot Palacios (Bancada Socialista), Marleny Portero (Acción Popular) y Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular). Ellos respaldaron la medida sometida a votación, mostrando una posición de apoyo clara durante la sesión.

Por otro lado, dos parlamentarios se manifestaron en contra: Héctor Valer Pinto (Somos Perú) y Jorge Marticorena (APP). En tanto, otros tres optaron por la abstención: Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) e Isaac Mita (Perú Libre), quienes decidieron no tomar una postura definitiva sobre la propuesta.

Poco antes de la votación del informe, los congresistas Jorge Marticorena (APP) y Juan Burgos (Podemos Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización, protagonizaron una breve discusión. Marticorena tomó la palabra para "felicitar" a Burgos por haber modificado su postura, al afirmar ahora que no existía una red de prostitución, después de haber sostenido inicialmente que había indicios graves de su existencia. Además, solicitó que las responsabilidades individuales no se atribuyan a todo el grupo congresal liderado por César Acuña.

"De alguna manera entiendo que ha buscado bajar el tono respecto a lo que usted intentó propiciar al inicio (?) al afirmar que Alianza para el Progreso estaba involucrado en una red de prostitución, algo que hoy se descarta. Eso no repara el daño causado a la imagen del Congreso de la República. El comportamiento administrativo debe responderse de forma individual (?). Yo no diré que la bancada promueve eso; es un comportamiento individual (?). Saludo su rectificación al ya no utilizar el lenguaje que empleó al inicio de esta diligencia", indicó Marticorena.

En respuesta, Burgos explicó que no se retractaba de sus afirmaciones, solo que mantenía sus sospechas sin contar con pruebas suficientes, debido a las obstrucciones en la investigación.

"No hice contrataciones indebidas. Quien hizo uso del cargo, dentro de este primer poder del Estado, contrató a personas sin la experiencia necesaria que presuntamente desempeñaron otras funciones en el Congreso de la República. En segundo lugar, no me retracto de lo que dije. Ha habido una conducta obstruccionista en esta gestión, al negarse a entregar grabaciones de las cámaras del Congreso con el argumento de que no pueden almacenarse más de 60 días. Por lo tanto, nos vimos impedidos en el ejercicio de nuestras funciones. No retiramos lo que pensamos; aún lo seguimos dudando?", concluyó Burgos.

La investigación sobre una presunta red de prostitución en el Congreso del Perú se desató tras el asesinato, en diciembre de 2024, de Andrea Vidal Gómez, extrabajadora del despacho de Jorge Torres Saravia. Según un reportaje emitido en el cancelado programa "Beto a saber", el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional habría reclutado mujeres en el Congreso, presentándolas como asesoras o secretarias, con el fin de organizar encuentros sexuales dentro de espacios parlamentarios. Se reportó también la existencia de reuniones en departamentos alquilados por Airbnb en Barranco y San Isidro, eventos en los que supuestamente participaron altos funcionarios.

Además de Andrea Vidal, otras extrabajadoras del Congreso, como Isabel?Cajo Salvador y Alexandra?Gil Ramírez, han sido mencionadas en el expediente del caso. Isabel Cajo confesó ha sido señalada debido a su pasado como modelo de la plataforma de venta de contenido erótico OnlyFans y por no contar con las credenciales académicas suficientes para su puesto. Su nombre figura entre las contratadas presuntamente con beneficios irregulares. Por su parte, Alexandra Gil fue incluida entre las investigadas. Gil fue defendida por Jorge Torres Saravia en su declaración ante la comisión: este negó que la hubiera propuesto, alegando que su ingreso ocurrió antes de su gestión.

Frente a estas denuncias, la Fiscalía de Trata de Personas y la Policía realizaron intervenciones en la Oficialía Mayor del Parlamento a inicios de enero de 2025, incautando documentos, grabaciones, videos y cámaras de seguridad para encontrar evidencias de la red. Además, la Contraloría concluyó -Al igual que en el reciente informe final de la Comisión de Fiscalización- que no halló suficientes elementos para confirmar la existencia de una red de prostitución, aunque sí detectó irregularidades en los procesos de contratación: se identificaron documentos falsos presentados por Jorge Torres Saravia e Isabel Cajo para acceder a sus puestos

FUENTE: LA REPÚBLICA