Aumento de utilidades a trabajadores del sector eléctrico no debería afectar las tarifas de luz

La norma plantea que este porcentaje suba de forma escalonada hasta alcanzar el 10% en 2030: 6% en 2026, 7% en 2027, 8% en 2028, 9% en 2029 y 10% desde 2030. El dictamen espera su segunda votación, sin embargo ya cuenta con tres solicitudes de reconsideración del bloque fujimorista y de Alejandro Cavero (Avanza País).

En entrevista con La República, Weninger Vela Ríos, secretario general de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú, defendió la propuesta al afirmar que el sector eléctrico ha sido fundamental en su aporte a la actividad económica del país, junto a la minería y la agroexportación, por lo que debe ser reconocido como industria.

"Hoy estamos en el mismo grupo de sectores como educación, deporte o actividades inmobiliarias. Por su aporte al PBI, el sector eléctrico merece el mismo trato que otras industrias como la minería o la pesca", indicó.

Además, recordó que la clasificación internacional de actividades económicas de la ONU considera al sector eléctrico como industria, criterio que ha sido adoptado por la mayoría de los países de América Latina, salvo el Perú, donde aún figura como "otra actividad".

Frente a las diversas voces empresariales que han criticado la iniciativa, el dirigente gremial negó que la norma tenga efectos sobre las tarifas eléctricas. Según explicó, el reparto de utilidades ocurre una vez que la empresa ha descontado todos sus costos operativos e inversiones.

"La utilidad es el excedente que queda después de cubrir gastos operativos, inversiones, mantenimiento y producción. Lo que se reparte es una fracción de ese excedente, por tanto, no afecta las tarifas. No hay argumento técnico ni legal que respalde lo contrario", afirmó a este diario.

Además, recalcó que los mecanismos de ajuste tarifario están regulados por Osinergmin y solo se activan cuando hay causas justificadas, como eventos climáticos extremos que obligan a recurrir a fuentes de generación más caras.

"En 2023, por ejemplo, el estiaje hídrico (caudal mínimo) obligó a usar plantas térmicas que funcionan con gas o diésel, lo cual elevó temporalmente las tarifas. Pero eso no tiene nada que ver con el reparto de utilidades. Este proyecto no encarece el costo de generación ni la tarifa al usuario final", subrayó.

En diálogo con este diario, el experto en energía y tarifas eléctricas, Rafael Laca descartó que el proyecto tenga efecto en las tarifas eléctricas porque estas se calculan bajo criterios técnicos definidos por ley y con retornos ya establecidos para el inversionista. "La repartición de utilidades no tiene absolutamente nada que ver con el cálculo de tarifas", afirmó.

Incluso, detalló que el Estado peruano ofrece a los inversionistas una rentabilidad asegurada. "El Estado peruano dice: mira, en lugar de que tu plata esté ganando 5% en la banca en Estados Unidos, yo te ofrezco 12%. Trae tu dinero, invierte en el Perú y yo te aseguro a través de la tarifa que tú tengas un retorno de tu inversión 12% adicional". Es decir, la regulación reconoce una rentabilidad como incentivo para atraer inversiones al sector eléctrico, la cual está incorporada en la tarifa.

Además, señala que todas las empresas eléctricas deben presentar cada cuatro años una "factura de costos", donde detallan cuánto les cuesta construir la red, operarla y mantenerla. Laca aclaró que Osinergmin puede contrastar esos datos con referencias de otros países para evitar que se inflen artificialmente: "yo también puedo hacer costos comparativos con los de Argentina, con los de Chile, con los de Brasil.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalan que la norma que incrementa utilidades a los trabajadores del sector eléctrico carece de sustento técnico y económico, al imponer un trato diferenciado a una actividad altamente regulada como la eléctrica, en comparación con otros sectores productivos.

"El incremento del costo laboral no salarial desincentiva aún más las inversiones domésticas y externas, las cuales son fundamentales para el desarrollo y sostenibilidad de la industria eléctrica, así como para la generación de empleos en dicho sector.

La Asociación Peruana de Energías Renovables también ha mostrado su preocupación: aseguran que los nuevos costos laborales podrían trasladarse parcialmente a los precios ofertados en procesos de licitación, afectando las tarifas para usuarios regulados, es decir, hogares, comercios y pequeñas industrias.

A su vez, la Asociación de Empresas Chinas advirtió que incrementar el reparto de utilidades duplicaría el costo laboral en un contexto donde los márgenes operativos ya están presionados por exigencias regulatorias. Frente a las críticas sobre que esta medida afectaría la competitividad, Rafael Laca indica que más bien puede haber un mayor entusiasmo del trabajador.

Desde el gremio laboral se rechaza esta hipótesis. Para Weninger Vela Ríos, no es el reparto de utilidades lo que aleja inversiones, sino la inestabilidad política y la falta de reglas claras. Recordó que sectores como telecomunicaciones también tienen un reparto del 10% y han seguido recibiendo inversión extranjera sin pausa.

"Movistar llegó sabiendo que debía pagar el 10% de utilidades, y no se fue. Luego llegaron más operadores. Lo mismo sucede con el sector eléctrico: es tan dinámico y rentable que sigue creciendo. Hoy hay incluso una sobreoferta de energía. Nadie que invierta aquí pierde", aseguró.

Agregó que el 80% del sector eléctrico está en manos privadas, mientras que solo 16 empresas son estatales. "Y si bien el impacto será financiero ?pues reduce la liquidez disponible para el accionista?, ese dinero irá al trabajador, que generará consumo interno y reactivación económica", dijo.

En paralelo, algunos trabajadores han llevado el tema a instancias judiciales, buscando que sus empresas ?filiales de grandes grupos internacionales? sean clasificadas como industrias, tal como lo son en sus países de origen. "El proceso ya está en la Corte Suprema, pero eso va por cuerdas separadas", indicó el dirigente.

El Sindicato Unitario de Trabajadores de Electrolima indicó que "es tiempo que se reconozca la labor del trabajador del sector industrial eléctrico que realiza trabajos de alto riesgo". "Se debe acortar la brecha por la desigualdad con otras actividades del mismo nivel de riesgo e incidencia en el PBI, que tienen el 10% de reparto de utilidades", mencionó.

- El total de utilidades obtenidas por las empresas eléctricas del 2013-2022 asciende a S/11.015 millones, una muestra del auspicioso desempeño del sector. Son alrededor de 33.000 trabajadores que se beneficiarían de la medida (8.000 del Estado) y 25.000 del sector privado.

- Hay alrededor de 115 empresas eléctricas registradas en el Ministerio de Energía y Minas segmentadas en generadoras, transmisoras y distribuidoras. El 80% es de orden privado.

FUENTE: LA REPÚBLICA