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  • Gobierno declara en reorganización al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por 120 días

    La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 018-2026-JUS. El proceso permitirá evaluar la estructura administrativa y funcional del ministerio, identificar posibles deficiencias y plantear reformas para fortalecer su gestión.

    Gobierno declara en reorganización al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por 120 días
    El Poder Ejecutivo declaró en reorganización al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por un plazo de 120 días calendario, con el objetivo de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión, así como proponer medidas para mejorar su funcionamiento.

    La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 018-2026-JUS, publicado el domingo 15 de noviembre de 2026 en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La norma, suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, establece que el proceso busca optimizar los procedimientos internos, fortalecer las capacidades institucionales y mejorar el ejercicio de las funciones de dirección y supervisión del sector.


    ¿Qué aspectos serán evaluados?

    El diagnóstico estará a cargo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del ministerio. Esta dependencia deberá revisar la situación administrativa, organizacional y funcional de la institución. Entre los principales aspectos que serán examinados se encuentran:

    - Posibles duplicidades de funciones y superposición de competencias.

    - Vacíos en las responsabilidades de las distintas áreas.

    - Planeamiento estratégico e institucional.

    - Gestión presupuestal e inversión pública.

    - Gestión por procesos e integridad pública.

    - Mecanismos de coordinación interna e interinstitucional.

    - Funciones de rectoría, conducción y supervisión sobre los organismos públicos adscritos.

    La evaluación permitirá identificar problemas en la estructura y funcionamiento del ministerio, además de formular recomendaciones para mejorar sus procesos y el cumplimiento de sus responsabilidades.


    Informe técnico y propuestas de reforma

    Como resultado de la evaluación, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización deberá elaborar un informe técnico que reúna los hallazgos del diagnóstico y las medidas de reforma y mejora organizacional recomendadas.

    El documento tendrá que presentarse al Despacho Ministerial dentro del plazo establecido para la reorganización y contará previamente con la conformidad de los despachos viceministeriales de Justicia, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, así como de la Secretaría General, según las competencias involucradas.

    Las recomendaciones que sean aprobadas deberán implementarse de acuerdo con las atribuciones del ministerio y los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Si alguna propuesta requiere modificar la estructura orgánica o el Reglamento de Organización y Funciones, deberá seguir los trámites correspondientes.


    La reorganización no incluye a los organismos adscritos

    El decreto precisa que la reorganización comprende únicamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como entidad. Por tanto, no implica una reorganización de la estructura interna de sus organismos públicos adscritos, que continuarán rigiéndose por sus respectivas normas de creación y organización.

    Sin embargo, el diagnóstico sí podrá evaluar las funciones de rectoría, conducción y supervisión que el ministerio ejerce sobre dichas instituciones. Asimismo, la norma establece que las medidas contempladas se financiarán con cargo al presupuesto institucional del propio ministerio, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.


    Un proceso de evaluación institucional

    La reorganización tendrá una duración de 120 días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación del decreto supremo. Durante ese periodo se realizará el diagnóstico y se formularán las propuestas destinadas a mejorar la organización y gestión del sector Justicia. El resultado de este proceso permitirá determinar qué cambios administrativos y organizacionales serán recomendados para fortalecer el funcionamiento del ministerio y el cumplimiento de sus políticas nacionales en materia de justicia y derechos humanos.




    Fuentes: EL PERUANO Y EL COMERCIO./ Redacción: RADIO TRUENO. 

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