Senado aprueba facultades legislativas para el Gobierno de Keiko Fujimori en seguridad y fenómeno El Niño

El pleno del Senado de la República aprobó el miércoles 21 de octubre el pedido del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para recibir facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y prevención, respuesta y recuperación frente al fenómeno El Niño.

La propuesta obtuvo 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo quedó autorizado para elaborar decretos legislativos durante un periodo de 90 días calendario, dentro de las materias aprobadas y respetando los límites establecidos por la Constitución.

El pedido busca dotar al Gobierno de herramientas legales para enfrentar delitos como la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, así como fortalecer las acciones de prevención y atención ante posibles emergencias climáticas.

Las facultades aprobadas comprenden cambios normativos destinados a reforzar la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales y mejorar los mecanismos de investigación y persecución del delito.

Entre las principales materias se encuentran:

- Extorsión y sicariato: modificaciones legales para fortalecer la prevención, investigación y sanción de estos delitos.

- Control de celulares: medidas para mejorar la identificación y el control de equipos telefónicos utilizados para cometer actos ilícitos.

- Armas de fuego y explosivos: disposiciones para reforzar su regulación, trazabilidad y fiscalización.

- Control migratorio: cambios en las normas relacionadas con migración y nacionalidad.

- Crimen organizado: herramientas para investigar organizaciones que recurran a métodos violentos, explosivos o armas para generar temor en la población.

- Sistema de inteligencia: fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones encargadas de recopilar y analizar información relacionada con amenazas a la seguridad nacional.

La delegación también contempla modificaciones vinculadas con la legítima defensa y la regulación de determinados mecanismos de vigilancia posterior al cumplimiento de condenas por delitos graves, conforme a las materias autorizadas.

Uno de los puntos incorporados durante la revisión en el Senado se relaciona con la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional frente a organizaciones criminales.

La propuesta busca regular los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrían intervenir cuando la capacidad operativa policial haya sido superada o exista un riesgo cierto de que ello ocurra. La intervención estaría sujeta a condiciones legales y constitucionales, sin sustituir las funciones que corresponden a la Policía Nacional.

Asimismo, se incluyeron disposiciones para regular la participación militar en la seguridad externa de establecimientos penitenciarios, especialmente en situaciones que requieran reforzar el control de los penales. Estas medidas forman parte del conjunto de herramientas que el Ejecutivo podrá desarrollar mediante decretos legislativos, de acuerdo con los límites de la autorización concedida.

El debate estuvo marcado por las diferencias entre las bancadas sobre el contenido de la delegación legislativa.

Inicialmente, la Cámara de Diputados había aprobado 20 materias para que el Ejecutivo pudiera legislar. Posteriormente, la Comisión de Constitución del Senado incorporó siete puntos adicionales, relacionados con la intervención de las Fuerzas Armadas, la seguridad penitenciaria, la inteligencia nacional, la legítima defensa y otras medidas contra la criminalidad.

Entre las nuevas disposiciones también se incluyeron propuestas para regular la vigilancia posterior al cumplimiento de condenas por determinados delitos y establecer mecanismos para identificar organizaciones criminales que empleen métodos violentos destinados a generar temor en la población.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía Ramírez, defendió las modificaciones y sostuvo que la Cámara Alta tiene atribuciones para revisar y modificar las propuestas legislativas.

Durante el debate, representantes de sectores opositores expresaron reparos frente a la incorporación de las siete materias adicionales. Las críticas se centraron en el procedimiento utilizado para modificar el texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados y en los posibles alcances de algunas de las nuevas disposiciones.

Entre las preocupaciones planteadas figuraron el equilibrio entre los poderes del Estado, el alcance de la participación militar en tareas de seguridad y las garantías que deben acompañar la aplicación de las nuevas herramientas legales.

Por su parte, los sectores que respaldaron la propuesta defendieron la necesidad de fortalecer las capacidades estatales para responder a la criminalidad y señalaron que las medidas deberán aplicarse dentro del marco constitucional.

La delegación de facultades también contempla disposiciones para mejorar la preparación y respuesta del Estado ante los posibles efectos del fenómeno El Niño. El objetivo es facilitar acciones de prevención, atención de emergencias y recuperación de infraestructura afectada por lluvias intensas, inundaciones y otros eventos asociados a condiciones climáticas adversas.

Entre las materias consideradas figuran mecanismos para agilizar la entrega de ayuda humanitaria, apoyar a las poblaciones afectadas y facilitar intervenciones vinculadas con la prevención y rehabilitación de infraestructura priorizada.

Estas medidas buscan mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones públicas frente a las emergencias, sin eliminar las obligaciones de control y fiscalización que correspondan.

Con la aprobación del Senado, el Gobierno obtuvo autorización para legislar durante 90 días calendario sobre las materias contempladas en el texto aprobado.

Esto no significa que todas las medidas anunciadas entren en vigor de manera automática. Su aplicación dependerá de los decretos legislativos que el Ejecutivo emita y publique durante el periodo de delegación.

El alcance definitivo de las disposiciones se conocerá a medida que se publiquen las normas correspondientes. Estas deberán ajustarse a las materias autorizadas y respetar los límites constitucionales y los mecanismos de control aplicables.

Fuentes: DW y DIARIO LAS AMÉRICAS./ Redacción: RADIO TRUENO.