Gobierno de Keiko Fujimori pide al Congreso facultades legislativas por 120 días

El Gobierno de Keiko Fujimori presentó oficialmente ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley mediante el cual solicita facultades para legislar durante 120 días calendario. La iniciativa fue presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros mediante el Oficio N.° 245-2026-PR y contiene 66 solicitudes orientadas a modificar diferentes normas y establecer nuevas disposiciones en áreas consideradas prioritarias por el Ejecutivo.

El Gobierno pidió que el proyecto sea tratado con carácter de muy urgente, por lo que ahora corresponde al Congreso revisar su contenido antes de decidir si otorga o no las facultades solicitadas.

Uno de los bloques más amplios del pedido está relacionado con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. El Ejecutivo propone modificar normas penales y procesales, además de introducir cambios relacionados con el control migratorio, armas de fuego, municiones, explosivos, sistema penitenciario y dispositivos móviles utilizados ilícitamente.

También plantea regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y apoyo operativo dentro de establecimientos penitenciarios.

Otro de los puntos incluidos es la posibilidad de establecer un marco legal para que determinadas organizaciones criminales sean declaradas organizaciones terroristas, además de modificaciones relacionadas con la legítima defensa.

Uno de los aspectos que ha generado cuestionamientos es que el proyecto contempla modificar algunas normas relacionadas con la lucha contra la delincuencia, pero no propone derogar las denominadas "leyes procrimen" aprobadas durante el anterior Congreso. Estas normas han sido cuestionadas por sus efectos sobre herramientas de investigación como la colaboración eficaz, la detención preliminar, los allanamientos, la confiscación de bienes y la interceptación de comunicaciones.

El pedido sí incluye modificaciones a leyes vinculadas con extorsión y sicariato en empresas de transporte, delitos informáticos, responsabilidad de personas jurídicas y la plataforma de denuncias digitales.

Las facultades solicitadas no se limitan al ámbito de seguridad. El Ejecutivo también busca establecer medidas para fortalecer la formalización de las micro y pequeñas empresas, modificar el régimen societario y promover mecanismos como el factoring.

En materia laboral, plantea legislar sobre empleo, empleabilidad y autoempleo juvenil, además de fortalecer las competencias de SUNAFIL. También se propone modificar el régimen de feriados no laborables y establecer nuevas reglas sobre determinados incentivos laborales.

Otro de los ejes está relacionado con la reducción de barreras burocráticas y la transformación digital de las entidades públicas. El Gobierno plantea modificar procedimientos administrativos, impulsar el uso de credenciales y firmas digitales y eliminar determinadas exigencias consideradas innecesarias.

Asimismo, el proyecto contempla cambios en las normas de minería, hidrocarburos y electricidad, con el objetivo declarado de facilitar y promover la inversión privada.

También se incluyen modificaciones tributarias y aduaneras, así como cambios a la legislación de Obras por Impuestos para ampliar su utilización en infraestructura relacionada con la gestión del riesgo de desastres.

El Ejecutivo también solicita facultades para realizar modificaciones relacionadas con la organización y modernización del Estado.

Entre ellas figura una propuesta para reestructurar Sedapal debido a riesgos que podrían comprometer la prestación del servicio de agua potable. También se plantea otorgar al Indeci la capacidad de entregar directamente bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días de una emergencia.

La presidenta Keiko Fujimori aseguró que el pedido busca acelerar la respuesta del Estado y negó que la propuesta contemple una fusión o reducción de ministerios.

El proyecto será analizado primero por la Cámara de Diputados, donde deberá pasar por la comisión correspondiente antes de llegar al Pleno.

Según La República, el Ejecutivo invocó el artículo 105 de la Constitución para solicitar un trámite de urgencia. Una vez aprobado por los diputados, el proyecto deberá pasar al Senado, que tendrá un plazo de siete días hábiles para emitir su pronunciamiento.

Por ahora, el Gobierno deberá conseguir el respaldo parlamentario necesario para obtener las facultades solicitadas y poder emitir decretos legislativos durante los 120 días planteados.

Fuentes: RPP NOTICIAS Y LA REPÚBLICA./ Redacción: RADIO TRUENO.