Diputado de Renovación Popular expone datos de paciente que solicitó aborto terapéutico
El diputado Christian Aranda fue cuestionado tras difundir información que permitió identificar a una paciente vinculada a una presunta solicitud de interrupción terapéutica del embarazo en un hospital de Abancay. El legislador sostiene que actuó en ejercicio de su función de fiscalización.
El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda Vásquez, solicitó información al director del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay sobre la evaluación y eventual programación de una interrupción terapéutica del embarazo.
El pedido fue realizado mediante el Oficio N.° 0055-2026-2027/CAV-CD-CR, fechado el 24 de agosto de 2026. En el documento, Aranda señaló que había tomado conocimiento de que en el establecimiento de salud se estaría evaluando o programando el procedimiento para una paciente con aproximadamente 20 semanas de gestación.
El parlamentario solicitó información relacionada con el cumplimiento de los requisitos legales y médicos establecidos para este tipo de procedimiento.
Publicación generó cuestionamientos
La controversia surgió luego de que Aranda difundiera en su cuenta de X una imagen del oficio enviado al hospital. La publicación inicialmente contenía información que permitía identificar a la paciente. Aunque posteriormente el legislador eliminó el contenido, periodistas y organizaciones cuestionaron la exposición de datos personales de una ciudadana vinculada a un procedimiento médico.
El periodista Cristian Rebosio difundió posteriormente una captura del documento, pero ocultó los datos de identificación de la paciente para proteger su privacidad.
Tras las críticas, Christian Aranda negó que su intención haya sido revelar información clínica confidencial o intervenir en la decisión médica de la paciente.
El diputado sostuvo que actuó luego de recibir una denuncia y que consideró necesario utilizar sus facultades de fiscalización para verificar que cualquier procedimiento se realizara conforme a la legislación y los protocolos sanitarios vigentes. "Fiscalizar es velar por el cumplimiento de la ley, respetando siempre la privacidad, las competencias de los profesionales de la salud y los derechos de las personas", afirmó Aranda.
El legislador también aseguró que no buscaba acceder a información clínica privada.
El caso corresponde a una presunta interrupción terapéutica
El pedido parlamentario está relacionado con una presunta interrupción terapéutica del embarazo que estaría siendo evaluada en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. Se informó que el documento de Aranda hacía referencia a una gestación de aproximadamente 20 semanas y solicitaba al establecimiento información sobre la evaluación del caso y el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
La interrupción terapéutica del embarazo se encuentra contemplada dentro del marco legal peruano bajo determinadas condiciones médicas y requiere la evaluación correspondiente de los profesionales de salud.
Debate por la privacidad de la paciente
La difusión de información relacionada con el caso generó un debate adicional sobre los límites de la fiscalización parlamentaria cuando esta involucra datos personales y aspectos relacionados con la salud de una ciudadana.
Las críticas se concentraron principalmente en que la información difundida podía permitir identificar a la paciente, independientemente de que el objetivo declarado por el diputado haya sido verificar el cumplimiento de las normas.
El caso también ha generado cuestionamientos sobre la manera en que los funcionarios públicos deben manejar documentación que contiene información sensible.
Diputado retiró publicación
Después de los cuestionamientos, Aranda retiró la publicación original y compartió una nueva versión del documento en la que ya no aparecía el nombre de la paciente.
El legislador reiteró que su intervención buscaba garantizar que el procedimiento, de concretarse, cumpliera con las condiciones establecidas por las normas y los protocolos médicos.
Por el momento, la controversia se mantiene centrada en la actuación del diputado y en la exposición de información que permitió identificar a la ciudadana.
Investigación y fiscalización continúan
La solicitud de información presentada por Aranda forma parte de sus funciones de fiscalización como integrante de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la eventual realización del procedimiento médico corresponde al establecimiento de salud y a los profesionales encargados de evaluar el caso, conforme a las normas vigentes.
Mientras tanto, el cuestionamiento público se concentra en la protección de la identidad y privacidad de la paciente y en los límites que deben observarse al ejercer labores de fiscalización.
Fuentes: LA REPÚBLICA Y LP DERECHO./ Redacción: RADIO TRUENO.
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