Renovación Popular propone sancionar la "apología del delito" durante crisis políticas y conflictos sociales
La bancada presentó un proyecto para modificar el Código Penal y establecer penas de cuatro a seis años por "apología al delito agravado". La propuesta ha generado cuestionamientos por el posible impacto que podría tener sobre periodistas y comunicadores.
La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que plantea incorporar nuevas sanciones al Código Penal para los casos de "apología del delito" cometidos durante situaciones de crisis política o conflictos sociales.
La iniciativa fue presentada el lunes 17 de agosto y propone sancionar a las personas que tengan "capacidad de convocatoria" y que, en ese tipo de contextos, realicen actos que puedan ser considerados como una forma de legitimación o incitación a la comisión de delitos.
Condenas de hasta seis años
De acuerdo con la propuesta, la denominada "apología al delito agravado" podría recibir una pena de entre cuatro y seis años de prisión. El proyecto busca que esta circunstancia sea considerada especialmente grave cuando ocurra durante una crisis política o un conflicto social.
El congresista Aldo Bravo, quien respalda la iniciativa, sostuvo que ninguna persona debería tener derecho a incitar a la violencia ni intentar legitimar la comisión de delitos, incluso cuando se trate de situaciones de alta conflictividad social.
Cuestionamientos por posible impacto en la prensa
La propuesta también ha generado preocupación debido al alcance de los términos utilizados. La República cuestionó que el proyecto no establecería con suficiente precisión qué conductas podrían ser consideradas como "apología", lo que podría abrir la puerta a interpretaciones que involucren a periodistas y comunicadores que informen o emitan opiniones durante conflictos sociales.
El debate resulta especialmente relevante debido a que las crisis políticas y las protestas sociales suelen estar acompañadas de una intensa cobertura periodística, opiniones públicas y llamados a la movilización. Por ello, la definición de los límites entre la libertad de expresión, la información y una eventual incitación a cometer delitos será uno de los principales puntos de discusión.
Los promotores de la iniciativa sostienen que el objetivo es evitar que personas con capacidad de convocatoria utilicen su influencia para promover o justificar actos delictivos. Sin embargo, sus críticos advierten que una norma redactada de manera amplia podría generar riesgos para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
La propuesta aún debe pasar por el procedimiento legislativo correspondiente en el Congreso, por lo que su contenido podría ser modificado durante el debate parlamentario antes de una eventual aprobación.
El proyecto abre así una nueva discusión entre la necesidad de prevenir llamados a la violencia y la obligación del Estado de garantizar que las sanciones penales no sean utilizadas para restringir de manera indebida la libertad de expresión o la labor periodística.
Fuentes: RPP NOTICIAS Y LA REPÚBLICA./ Redacción: RADIO TRUENO.
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