Poder Judicial condena a César Acuña a un año y seis meses de prisión suspendida
El Poder Judicial sentenció al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, a un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de violación de la libertad de trabajo. La decisión responde al incumplimiento de una sentencia laboral firme durante su gestión como gobernador regional de La Libertad.
El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad encontró responsable a César Acuña de incumplir una resolución judicial que ordenaba el pago de una bonificación a favor de una docente cesante. La sentencia señala que, pese a existir un mandato firme, este no fue ejecutado durante su gestión al frente del Gobierno Regional de La Libertad, configurándose el delito de violación de la libertad de trabajo.
Sentencia por incumplimiento de un fallo laboral
Aunque la pena inicial era de dos años de prisión, el juzgado la redujo a un año y seis meses de ejecución suspendida, debido a que Acuña no registra antecedentes penales y tenía más de 65 años al momento de los hechos. Asimismo, el fallo dispone el pago de más de S/97 mil por concepto de deuda e indemnización derivadas del proceso laboral.
Defensa apelará la decisión
Tras conocerse la sentencia, el abogado de César Acuña anunció que interpondrá un recurso de apelación al considerar que durante el proceso se vulneró el derecho de defensa de su patrocinado. Por ello, el fallo aún no es definitivo y será revisado por una instancia superior del Poder Judicial.
El propio líder de Alianza para el Progreso cuestionó la decisión judicial y sostuvo que continuará utilizando los mecanismos legales correspondientes para revertir la condena. Mientras tanto, al tratarse de una pena suspendida, no ingresará a un establecimiento penitenciario, siempre que cumpla con las reglas de conducta impuestas por el juzgado.
Caso mantiene repercusión política
La condena tiene repercusiones en el ámbito político debido a que involucra a uno de los principales líderes partidarios del país. Especialistas señalan que, mientras la sentencia no quede firme, el proceso continuará su trámite en segunda instancia. El caso vuelve a poner en debate la responsabilidad de las autoridades en el cumplimiento de resoluciones judiciales y las consecuencias legales de desobedecer fallos emitidos por el Poder Judicial.
Fuentes: EL COMERCIO Y PERÚ 21. / REDACCIÓN: RADIO TRUENO.
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