CIDH rechaza ley del Congreso que traslada al fuero militar el juzgamiento de abusos cometidos por policías y militares
El organismo interamericano advirtió sobre el riesgo de impunidad en violaciones a derechos humanos y recordó que la jurisdicción militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional. Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también exhortaron al presidente Balcázar a observar la norma.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su rechazo a la ley aprobada en segunda votación por el Congreso peruano el pasado 23 de junio, que dispone que los presuntos delitos cometidos por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas durante el ejercicio de sus funciones sean investigados y juzgados exclusivamente por la jurisdicción militar-policial, en lugar de la justicia ordinaria. Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se sumaron a las críticas y pidieron al presidente José María Balcázar que observe la norma antes de su promulgación.
El pronunciamiento de la CIDH
A través de una publicación en la plataforma X, el organismo interamericano fue enfático en su posición:
"La CIDH rechaza el dictamen aprobado por el Congreso el 23 de junio, que habilitaría a la jurisdicción militar policial a investigar y juzgar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales. La CIDH recuerda que el Estado debe combatir la impunidad y que el fuero militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional."
Junto a la CIDH, Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuestionaron la aprobación de la norma y exhortaron al presidente Balcázar a no promulgarla.
¿Qué aprobó el Congreso?
La ley fue aprobada en segunda votación con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones, con el respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. La norma establece que los presuntos delitos cometidos por militares y policías en el ejercicio de sus funciones sean juzgados únicamente por la justicia militar-policial.
Uno de los puntos más controvertidos es que la ley también ordena que los jueces ordinarios deberán archivar de inmediato los procesos relacionados con estos casos, incluso si existen condenas que aún no son firmes.
Críticas desde el Congreso
La congresista Susel Paredes, de la Bancada Democrática Popular y candidata a la alcaldía de Lima con Ahora Nación, fue una de las voces más críticas:
"Ahora podrán agredir, matar y cometer cualquier delito, y serán protegidos por el fuero militar y policial. Responsabilizo a Keiko Fujimori por esta medida inconstitucional y por las consecuencias nefastas que originará."
Paredes invocó a fiscales, jueces y funcionarios a desconocer la norma, calificándola como "espuria" y señalando que quien pisotea el Estado de derecho para ejercer el poder no tiene legitimidad para gobernar.
La aprobación de esta ley se produce en un momento de alta sensibilidad política e institucional en el Perú, con el conteo de votos de la segunda vuelta aún en proceso y la transición de gobierno prevista para el 28 de julio.
La CIDH tiene previsto realizar una visita al Perú durante el segundo semestre de este año para evaluar la situación de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Como parte de su agenda, se reunirá con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y personas afectadas por vulneraciones de derechos humanos.
La jurisdicción militar ha sido históricamente cuestionada en el Perú y en toda la región por su aplicación en casos de violaciones a derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de manera reiterada que el fuero militar no es competente para investigar ni juzgar violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado, ya que estos actos no constituyen funciones propias de las fuerzas armadas ni policiales.
Esta ley se suma a otras normas aprobadas por el actual Congreso que han sido calificadas como "leyes procrimen" por diversos sectores políticos y de la sociedad civil, incluyendo aquellas que debilitan la persecución del crimen organizado y la corrupción.
El pronunciamiento de la CIDH, sumado a las críticas de Amnistía Internacional y de organizaciones nacionales de derechos humanos, pone al presidente Balcázar ante la decisión de promulgar u observar una norma que podría generar consecuencias graves en materia de justicia e impunidad. La visita prevista de la CIDH al Perú en el segundo semestre de este año añade un factor de presión internacional que el actual y el próximo gobierno deberán considerar.
Fuente: LA REPÚBLICA / Redacción: RADIO TRUENO
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