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  • Denuncian que el Congreso modificó la ley electoral para salvar la inscripción de Fuerza Popular y Obras

    La periodista Rosa María Palacios advirtió que la reducción del requisito de presentación de candidaturas regionales del 50% al 30% fue aprobada en pleno proceso electoral para beneficiar a partidos que no lograron cumplir con la exigencia original. Constitucionalistas califican el cambio como inconstitucional.

    Denuncian que el Congreso modificó la ley electoral para salvar la inscripción de Fuerza Popular y Obras
    La periodista y abogada Rosa María Palacios denunció que la reciente modificación legal aprobada por el Congreso, que reduce del 50% al 30% el requisito de presentación de candidaturas a gobernaciones regionales para que un partido mantenga su inscripción, fue impulsada con la intención de beneficiar directamente a Fuerza Popular y al partido Obras. Según Palacios, ambas agrupaciones no lograron presentar listas en la mitad de las regiones del país durante sus primarias internas, por lo que habrían perdido su inscripción y el financiamiento público bajo la norma original. El cambio, calificado como inconstitucional por expertos, se aprobó en medio del proceso electoral.

    De 13 gobernaciones a solo 8

    Palacios explicó que la modificación reduce el mínimo exigido para demostrar presencia nacional: de 13 candidaturas a gobernaciones regionales, ahora solo se requieren 8. Esto significa que partidos que no lograron conformar listas en la mitad de las regiones se ven beneficiados retroactivamente por la nueva regla:

    "En sus primarias no habían logrado presentar 13 candidatos a gobernaciones regionales. Es un requisito de presencia nacional, lo mínimo que puedes hacer es presentar candidaturas en la mitad de las regiones del país."

    La periodista precisó que no se trata de una valla electoral para ganar cargos, sino de un requisito de presentación de candidaturas. Al no cumplirse, la consecuencia habría sido la pérdida de la inscripción partidaria y del financiamiento público directo: alrededor de 3 millones de soles al año por partido, lo que multiplicado por cinco años implica millones de soles en juego.

    Como el plazo de las primarias ya venció, las agrupaciones ya no pueden presentar nuevas candidaturas, por lo que se optó por cambiar la norma para reducir la exigencia.

    Un cambio inconstitucional, según expertos

    Palacios calificó la modificación como inconstitucional, argumentando que altera las reglas del juego que deberían regir desde un año antes de los comicios. Desde su análisis, existen varias vías para impugnar la norma:

    "Lo lógico es que un grupo de congresistas presente ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad. También lo puede hacer el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el colegio de abogados de Lima."

    Sin embargo, expresó escepticismo sobre el resultado:

    "El problema es que el Tribunal Constitucional va a avalar esta barbaridad."

    Silencio de los involucrados

    Palacios cuestionó que, transcurridas más de 24 horas de la aprobación, ningún actor político relevante se hubiera pronunciado al respecto. Señaló directamente al congresista Arturo Alegría, de Fuerza Popular, presidente de la Comisión de Constitución:

    "El señor Alegría, que es presidente de la Comisión de Constitución, que nos cuente la historia completa. Han pasado 24 horas y se mantienen callados."

    También cuestionó al presidente Balcázar, quien aprobó la modificación antes de viajar a Italia para su encuentro con el Papa, así como al JNE por no pronunciarse:

    "¿El Jurado Nacional de Elecciones no tiene algo que decir? No puede modificar la ley de partidos políticos en medio de la contienda para beneficiar con nombre propio aquellas candidaturas que no han presentado."

    La modificación cobra relevancia porque las elecciones regionales y municipales están programadas para octubre de este año. Si la norma se mantiene, podría alterar la competitividad del proceso electoral al permitir que partidos con un déficit demostrado de presencia territorial conserven su inscripción y, con ella, el acceso a millones de soles en financiamiento público.

    Fuerza Popular, que será la primera fuerza política en el nuevo Congreso con 41 diputados y 22 senadores, tendría un interés directo en mantener su inscripción vigente para las regionales. Lo mismo aplica para Obras, el partido fundado por Ricardo Belmont, que obtuvo 14 escaños en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado.

    El caso plantea un precedente preocupante: si el Congreso puede cambiar las reglas electorales en pleno proceso para beneficiar a partidos específicos, se debilitaría la confianza ciudadana en la equidad del sistema electoral peruano.

    El desarrollo de los próximos días será decisivo para saber si la modificación se consolida o si es declarada inaplicable. Las posibles acciones ante el Tribunal Constitucional, los pronunciamientos del JNE y las demandas de amparo que pudieran interponerse marcarán el rumbo de esta controversia. Palacios concluyó apelando a la vigilancia ciudadana, advirtiendo que en la próxima semana se verán los efectos concretos en las listas presentadas y que la discusión seguirá en los tribunales.


    Fuente: RPP NOTICIAS / Redacción: RADIO TRUENO






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