Estado triplica presupuesto contra minería ilegal, pero Fiscalía queda sin un sol

Pese al aumento a S/177,8 millones para 2026, el 97% de los recursos se destina a Interior y Defensa. La Fiscalía Ambiental no recibe presupuesto y la formalización minera cae 11%. Expertos alertan que la estrategia sigue centrada en operativos y no en inteligencia ni justicia.

El Programa Presupuestal 0128 (Control de la Minería Ilegal) subirá de S/70 millones en 2025 a S/177,8 millones en 2026. Sin embargo, los recursos se concentran casi totalmente en operativos policiales y militares, mientras que instituciones clave como la Fiscalía no reciben ni un sol adicional.

Expertos advierten que la estrategia continúa enfocándose en interdicciones y no en inteligencia ni en formalización, el único camino sostenible para frenar a las mafias que ya controlan territorios.

Distribución del Programa Presupuestal 0128

El Gobierno plantea elevar el presupuesto del Programa Presupuestal 0128 a S/177,8 millones para el 2026, lo que representa un incremento del 153% respecto al monto asignado en 2025 (S/70 millones) y un salto aún mayor frente a los S/65 millones del PIA 2024.

A primera vista, se trata del aumento más importante de los últimos años. Pero al revisar la asignación por sectores, aparece un desequilibrio marcado:

- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp): S/2.015.780

- Procuraduría General del Estado: S/716.622

- Ministerio del Interior: S/82.807.489

- Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec): S/190.372

- Ministerio de Defensa: S/92.266.732

Eso significa que el 97% del presupuesto se concentra en Interior y Defensa, reforzando operativos, logística militar, vehículos, helicópteros, avionetas, combustible, soporte técnico, mapas de riesgo y geoportales.

A ello se suma una preocupación adicional: mientras el PP 0128 aumenta a S/177,8 millones (un alza del 151,80%), el Programa 0126 de Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) -la única vía sostenible para reducir la ilegalidad- cae a S/13,7 millones, lo que implica una reducción del 11,26%. Es decir, mientras se fortalece la interdicción policial y militar, la formalización retrocede.

Además, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), responsable de investigar y judicializar los delitos vinculados a minería ilegal, no recibe presupuesto alguno para el 2026, lo que explica por qué las investigaciones y procesos por minería ilegal siguen siendo mínimos. Pese a ello, la institución sigue figurando como actor del Producto 3000679 "Acciones de Control de la Minería Ilegal".

"Las inversiones son inerciales? Si el año anterior no tuvo el impacto esperado, un incremento igual no tendrá un impacto mayor. Y sin presupuesto para la Fiscalía, se genera un vacío serio en la persecución del actor criminal", tradujo el criminólogo y estratega de Asuntos Públicos, Nicolás Zevallos. 

Estrategia para combatir minería ilegal no vale ni 5%

El diseño del PP 0128 coloca el foco en acciones de interdicción, patrullaje y control del territorio. Este es, de hecho, el corazón del presupuesto: motores, combustible, mantenimiento, vigilancia y transporte de personal militar y policial.

Sin embargo, especialistas advierten que la lucha contra la minería ilegal es mucho más compleja que destruir maquinarias. Se trata de organizaciones criminales con capacidad logística, redes de lavado de activos, inteligencia propia y control territorial.

El experto en minería ilegal y crimen organizado, Dante Vera Miller, advierte que los operativos no son suficientes: "El Estado está apostando casi todo por interdicciones, cuando debería priorizar inteligencia financiera, inteligencia criminal y judicialización. Sin fortalecer a la Fiscalía y al Poder Judicial, estos esfuerzos quedan inconclusos".

Para Vera, combatir la minería ilegal sin equipos especializados, peritos y sistemas de identificación patrimonial es "pelear a ciegas".

Asimismo, el experto señala que la minería ilegal en Perú ya no es un fenómeno aislado o artesanal:

"Es un negocio de gran escala, vinculado a trata, tráfico de insumos, sicariato, corrupción pública y redes transnacionales. No estamos frente a mineros pobres, sino ante mafias con capital, logística y control territorial".

Según Vera, algunas redes destinan millones de soles a sobornos, transporte, maquinaria, armas y vigilancia. En contraste, sostiene que el Estado peruano invierte "quizá ni el 5% de lo que invierten estas organizaciones" en mantener su dominio.

Esa asimetría presupuestal, dice, explica por qué, pese a las interdicciones, los campamentos reaparecen a los días, los operadores cambian de zona y las mafias siguen expandiéndose hacia Madre de Dios, Puno, Amazonas, Ananea, La Pampa, Pataz, La Rinconada y zonas de frontera.

"La Fiscalía es el corazón de la judicialización, pero no recibe presupuesto en el PP 0128. Así no se puede desarticular a las mafias", explica Vera.

Por ende, aunque los delitos asociados incluyen lavado de activos, crimen organizado, corrupción y tráfico de insumos, el presupuesto del PP 0128 no contempla montos específicos para:

- Fiscales ambientales, penales y especializados

- Simuladores, laboratorios y análisis pericial

- Equipos de inteligencia financiera

- Protección de testigos

- Unidades de investigación patrimonial

- Logística y movilidad para avanzar procesos

El resultado es que miles de investigaciones quedan archivadas por falta de personal técnico, capacidad operativa o simplemente por imposibilidad de llegar al territorio. Durante años, los fiscales han denunciado que el Estado financia los operativos, pero no la capacidad de demostrar los delitos en juicio.

Y la ex fiscal de Madre de Dios y vocera del Observatorio de Minería Ilegal, Karina Garay, lo confirma para La República:

"Cuando fui fiscal en Madre de Dios, no existía un presupuesto real para minería ilegal. Durante el operativo Mercurio, el Ministerio Público no tuvo los fondos prometidos ni siquiera para pasajes o logística. Jamás llegó ese presupuesto", recuerda.

Para ella, la indiferencia del Estado hacia los fiscales ambientales es estructural: "Un fiscal ambiental no trabaja desde un despacho: está en campo, llega a zonas aisladas, enfrenta organizaciones criminales. Sin equipos, sin EPP, sin movilidad ni capacitación, es imposible combatir este delito. Pero nunca se asigna un presupuesto adecuado".

La exfiscal también explica que los recortes al PP 0128 obligan a que policías, militares y fiscales deban cubrir zonas que sí son autorizadas para minería -como Pataz- pero que hoy están invadidas por mafias debido al descontrol del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). 

Cuáles son los vacíos del Programa Presupuestal 0128

Aunque el Programa Presupuestal 0128 está orientado al control y la represión, la formalización minera avanza a un ritmo extremadamente lento, y el presupuesto no asigna recursos directos para acelerarla.

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, existen más de 32.000 expedientes de formalización sin resolver, debido a la falta de personal, ingenieros, abogados, equipos de campo, certificaciones y capacidad operativa regional.

"La formalización es la única estrategia sostenible para reducir la minería ilegal. Pero sin inversión, sin equipos y sin resolución técnica, estamos destinados a seguir repitiendo el ciclo de interdicción?reocupación indefinidamente", resume Vera.

El especialista recalca que formalizar no es regalar títulos, sino exigir estándares ambientales, laborales, tributarios y de seguridad. 

Y por ello hay críticas al REINFO. Como bien recuerda Karina Garay, dicha medida extraordinaria se ha ampliado por 23 años sin mostrar avances reales y pese a que el Tribunal Constitucional exigió una ley adecuada para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).

"Esta nueva ampliación por dos años más demuestra la incapacidad del Estado (...) Se sigue prorrogando sin sentido, generando inimputabilidad. Quien está inscrito en el REINFO no puede recibir sanciones administrativas ni penales, y eso está completamente descontrolado", afirma Garay.

La exfiscal advierte que lo más grave es la reincorporación de 50.000 mineros que fueron retirados del REINFO, muchos de los cuales no cumplieron requisitos técnicos ni ambientales.

"Lo que requerimos es un trabajo interinstitucional mucho más estrecho, que involucre tanto apoyo al MAPE para formalizar como medidas que desincentiven la minería ilegal", coincidió Zevallos.

Otro de los vacíos del presupuesto es la prevención del control territorial por parte de mafias que operan en zonas sin presencia estatal efectiva. Para Vera, la falta de recursos en inteligencia y justicia agrava un riesgo mayor:

"La minería ilegal ya controla autoridades locales, financia campañas políticas, infiltra instituciones y establece sistemas de protección criminal. Sin una estrategia integral, podríamos ver capturas de mayor escala en los próximos años".

El experto sostiene que la lucha contra la minería ilegal debe verse como una política de Estado y seguridad nacional, no como operativos aislados, porque involucra:

- Crimen organizado

- Lavado de activos

- Corrupción pública

- Violencia armada

- Redes transnacionales

- Trata y explotación laboral

- Deforestación masiva

- Destrucción de ríos y áreas protegidas

En un contexto electoral -con elecciones generales en abril y comicios regionales en octubre de 2026- el riesgo de capturas políticas se amplifica si no se refuerza el sistema de justicia y la fiscalización estatal.

"Si no le pones presupuesto a la Fiscalía, a la Policía y al Poder Judicial, la política queda en papel. Sin recursos, es solo literatura", afirma Zevallos

Qué falta para que el presupuesto sea realmente efectivo

Vera identifica cuatro urgencias que el PP 0128 debería cubrir para ser integral:

1. Financiar a la Fiscalía, al Poder Judicial y al INPE

Sin capacidad de investigación ni justicia, cada operativo queda inconcluso.

2. Crear unidades de inteligencia financiera y criminal especializadas

Rastrear el dinero es clave para desarticular redes, no solo destruir maquinaria.

3. Acelerar la formalización con presupuesto técnico real

Sin resolver 32.000 expedientes, el mercado ilegal seguirá siendo más rentable.

4. Fortalecer gobiernos regionales y locales

Muchos carecen de equipos, personal, laboratorios o incluso movilidad básica.

Por su lado, Garay recalca que el Perú no podrá contener la expansión de las mafias sin un giro completo en la estrategia. Además, subraya un punto clave que suele ignorarse: alternativas económicas para poblaciones vulnerables.

"No se puede mirar solo la parte represiva. Mucha gente migra a zonas mineras porque no tiene otra opción de trabajo. El Estado debe intervenir con políticas sociales y oportunidades reales". 

FUENTE:

LA REPUBLICA