Minería avanza sobre tierras comunales en Perú: 35% de ellas ya están afectadas por concesiones
Organizaciones de sociedad civil advierten que el 90% de las tierras comunales carecen de georreferenciación. Además, el acceso a información pública actualizada y el respeto a la consulta aparecen como las principales demandas de los pueblos indígenas.
La expansión de la minería formal, informal e ilegal en nuestro país viene transformando los territorios y las relaciones entre las poblaciones que se ubican en las zonas de influencia. Según datos del Instituto del Bien Común (IBC) y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, la actividad extractiva ya ocupa el 16,5% del suelo peruano y afecta al 35% de tierras comunales.
En regiones como Madre de Dios, un 22% del territorio está concesionado a la minería, mientras que, en Cusco, el 24% se encuentra bajo control ajeno. El caso de Espinar (Cusco) es un claro ejemplo del problema: el 47% del área provincial está adjudicado a la actividad extractiva y apenas el 10% de las comunidades han logrado georreferenciar su territorio, lo que limita la defensa ambiental y aumenta el riesgo de apropiación por terceros.
"El 90% de las comunidades campesinas de Espinar no cuentan con georreferenciación. Al respecto, los gobiernos regionales tampoco han asumido la tarea de poder generar esos procesos. Además, existe mucha reticencia y desconocimiento por parte de las poblaciones, porque las normas específicas tienen serios cuestionamientos", explicó Luis Hallazi, coordinador de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra.
Minería se expande sobre territorios indígenas en Perú
Tanto en la Amazonía como en el Corredor del Sur, se vienen registrando divisiones internas en las comunidades, venta de tierras y debilitamiento organizativo, lo cual facilita el avance de la minería y reduce la autoridad del Estado en dichas zonas. Por ejemplo, Leonarda Zinanyuca, secretaria general de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), detalló que la presencia de la actividad extractiva ha complicado las disputas de límites y ha agravado la fragmentación social.
A estos problemas, se suman la denuncia sobre vulneración de derechos frente a concesiones mineras otorgadas sin consulta previa, el incremento de la violencia y la presión ambiental. Sobre ello, las autoridades han desplegado pocos esfuerzos para garantizar la seguridad de los territorios y mitigar los impactos sufridos.
"En mi provincia de Espinar, las empresas mineras originan conflictos territoriales con las comunidades campesinas. Por ejemplo, en el corredor minero "Las Bambas", que atraviesa cuatro distritos, las comunidades quieren hacer respetar sus derechos y los denuncian o persiguen.", acotó Leonarda Zinanyuca, secretaria general de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE).
A su turno, Salvador Merma, secretario general de la Federación Departamental de Comunidades Campesinas (FDCC) cuestionó la falta de información sobre el registro de pueblos indígenas en la región, así como la poca voluntad política del gobierno regional de Cusco para proteger los territorios comunales y la obtención de la georreferenciación.
En el caso de Madre de Dios, la deforestación ha devastado casi 136.000 hectáreas hasta este año. Ronald Boram, presidente de la comunidad nativa San José de Karene, alertó que el Estado sigue otorgando concesiones mineras en su territorio, lo cual genera conflictos socioambientales y acentúa la división interna.
"Tenemos problemas con las concesiones que el Estado da sobre territorios de las comunidades indígenas. En vez de que nos defiendan, nos sacan la vuelta. Nosotros pedimos que se respete la consulta previa a los pueblos indígenas. Sin nuestro consentimiento, los mineros vienen y nosotros no podemos decir nada", enfatizó.
Demandan datos geoespaciales actualizados
En otro momento, Pedro Tipula y Miluska Carhuavilca, especialistas del Instituto del Bien Común (IBC), pusieron en evidencia la dispersión y sobreabundancia de información que proviene del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) o la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). No obstante, la ausencia de interoperabilidad y actualización de estos datos imposibilita tomar decisiones eficaces.
"Tenemos que ver que la realidad andina, amazónica y costeña no es igual. Necesitamos fortalecer las capacidades técnicas de las organizaciones indígenas para que sepan manejar y entender las herramientas que están a disposición. Además, tenemos mucha información dispersa, pero que no está centralizada. Finalmente, sin recursos financieros no podemos actualización la información", manifestó Tipula.
Por su parte, Alejandro Diez, investigador del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (Cisepa - PUCP) hizo énfasis en que el resultado de este análisis es fruto del trabajo colectivo en foros regionales en Cusco, Puno y Pucallpa. En su opinión, uno de los desafíos es cambiar las reglas de juego de la consulta indígena para ampliarla a las comunidades campesinas. Además, se necesita fomentar el desarrollo cultural y generar condiciones para que las comunidades sigan existiendo a través de su reconocimiento.
Por último, Luis Hallazi, propuso que el Estado implemente campañas de sensibilización sobre georreferenciación en comunidades campesinas y una agenda de protección territorial. De igual forma, recomendó que se suspendan las concesiones mineras hasta que se garantice el derecho a la consulta, así como el impulso de acciones en relación a la expansión de la minería informal e ilegal.
DATO
El corredor vial minero sur afecta a 37 comunidades campesinas y el corredor minero de Madre de Dios a 10 comunidades nativas.
FUENTE: LA REPÚBLICA
