Martín Vizcarra: Fiscalía ratifica su pedido de 15 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
El fiscal Germán Juárez Atoche presentó sus alegatos finales contra el expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por presuntos cobros de coimas. Según la tesis del Ministerio Público, el exmandatario habría recibido S/1 millón para las adjudicaciones de los proyectos.
La Fiscalía ratificó este jueves su pedido de 15 años de prisión efectiva contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cometidos durante su etapa como gobernador regional de Moquegua. Según la acusación, el exmandatario habría recibido sobornos de empresas constructoras a cambio de favorecerlas en las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, sustentó que Vizcarra incurrió en el delito de cohecho pasivo propio. El Ministerio Público pide 6 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y 9 años por el Hospital de Moquegua, sumando un total de 15 años de prisión. También solicitó una inhabilitación por 9 años para ejercer funciones públicas.
El juicio oral ingresó así a su fase final ante el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, donde el jueves 20 de noviembre la defensa de Vizcarra presentará sus alegatos.
Fiscalía y Procuraduría coinciden en la acusación contra Vizcarra
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría Anticorrupción coincidieron en que Martín Vizcarra habría recibido pagos ilícitos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, ambas investigadas por irregularidades en obras públicas. Según la acusación, los sobornos habrían sido entregados en efectivo mientras Vizcarra se desempeñaba como gobernador.
Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que las pruebas documentales, los registros de llamadas y las declaraciones de colaboradores eficaces acreditan el delito de cohecho pasivo propio. Además, remarcaron que el expresidente, como máxima autoridad regional, tenía la capacidad de direccionar los contratos a favor de las constructoras involucradas.
La Procuraduría Anticorrupción enfatizó que la responsabilidad del exmandatario se mantiene pese a la delegación de funciones, pues la firma de contratos seguía siendo una atribución exclusiva del gobernador. En ese contexto, insistió en que las decisiones tomadas bajo su mandato comprometen directamente su responsabilidad política y penal.
Fuente: LA REPÚBLICA
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