Extorsión en Perú aumenta 22.5%: Más de 11.000 denuncias entre enero y mayo de 2025

Es más, según el especialista, en promedio se registra una denuncia por extorsión cada 19 minutos a nivel nacional, y casi el 60% de las regiones del país se ven afectadas por este delito.

En las regiones que presentan aumentos en denuncias por extorsión destaca Puno, que encabeza la lista con un incremento del 76.7 %, al pasar de 30 casos en 2024 a 53 en 2025. Le siguen Cusco, que subió de 54 a 88 denuncias (+63.0 %), Madre de Dios, de 22 a 35 casos (+59.1 %), la Provincia Constitucional del Callao, de 272 a 411 (+51.1 %), y Piura, que pasó de 832 a 1,253 denuncias (+50.6 %).

Aunque en términos absolutos Lima Metropolitana continúa liderando con más de 4,700 denuncias, frente a las 3,312 registradas el año pasado, estos incrementos regionales evidencian la rápida expansión del delito fuera de la capital.

"Si uno lo ve solo por cifras absolutas, Lima tiene la mayor cantidad de denuncias. Sin embargo, porcentualmente, el incremento es mucho menor en comparación con Cusco, donde el aumento ha sido del 76.7 %, a pesar de que Puno tiene menos denuncias. No es lo mismo hablar de la población de Puno frente a los más de diez millones de habitantes que tiene Lima Metropolitana. El tema es que, así como ahora está Puno, en su momento empezó Lima Metropolitana", sostuvo Carbajal.

Sobre el tema, el exministro del Interior, Jerónimo Wilfredo Pedraza, señaló que el aumento de extorsiones en el país refleja, por un lado, que más personas están tomando la decisión correcta de denunciar, pero también evidencia que la extorsión sigue siendo un problema no resuelto.

Además, consideró "desastroso" el modo en que el gobierno enfrenta estos delitos, sin medidas efectivas. Explicó que las extorsiones se combaten con acciones de inteligencia; sin embargo, criticó que las autoridades se limiten a declarar estados de emergencia con despliegues militares, lo cual, según dijo, no ha tenido ningún resultado.

Pedraza advirtió que los estados de emergencia le cuestan al país entre 20 y 30 millones de soles al mes, sin generar impacto real. "Salvo ver a algunos policías y militares en las calles, no hay ningún efecto en la extorsión, que es un delito clandestino", indicó.

"Frente a un fenómeno de esa magnitud, solo se está respondiendo de manera política, simbólica, lo que me parece muy grave. Porque en estos años es evidente que la extorsión se ha diseminado por todo el país. Hoy se extorsiona a clínicas, colegios particulares, mototaxistas, y a quienes hacen transporte público formal e informal", alertó.

Para el exministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes, el aumento de las extorsiones refleja un "desborde criminal incontrolado, el mayor de toda nuestra historia".

Sostuvo que actualmente enfrentamos una etapa de criminalidad organizada, tanto urbana y predatoria como vinculada a economías ilegales. Indicó que en este contexto de desborde criminal, las extorsiones se han convertido en el delito más recurrente en las ciudades, en una manifestación clara de delitos predatorios urbanos.

Cuestionó que este crecimiento significativo se deba, en gran medida, a la facilidad con la que se cometen estos actos delictivos, ya que, advirtió, no existe ningún riesgo real para los criminales que se dedican a la extorsión.

"La impunidad es, en este caso, el combustible que alimenta a la extorsión y a los extorsionadores. Para extorsionar solo se necesita un teléfono y algo de información sobre la víctima, nada más. Ni siquiera un arma de fuego. Solo se trata de infundir miedo. Y eso es lo que está ocurriendo", afirmó.

Vargas cuestionó la respuesta del Estado frente al avance del crimen organizado, y señaló que existe una inoperancia generalizada, marcada por la mediocridad y el abandono. Consideró que el gobierno no ha logrado construir una estrategia efectiva para enfrentar la criminalidad ni para frenar el avance de la extorsión. Afirmó que, hasta ahora, solo se han implementado medidas efectistas, demagógicas y populistas, sin impacto real frente al desborde criminal.

"Primero, es urgente revisar el marco legal vigente, ya que algunas normas aprobadas terminan favoreciendo a las estructuras criminales. En segundo lugar, es necesario exigir al gobierno una estrategia clara para enfrentar la criminalidad en sus distintos niveles y escenarios. No es lo mismo el crimen predatorio urbano que las economías ilegales, y cada una requiere respuestas diferenciadas", finalizó.

Por su parte, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, señaló que el aumento de las extorsiones se debe a la falta de acciones concretas por parte del gobierno para frenar este delito.

Explicó que la principal respuesta del Ejecutivo ha sido la declaratoria de estados de emergencia, lo cual, alertó, no es una medida efectiva para combatir la expansión territorial de las organizaciones criminales.

Indicó que el gobierno no ha intervenido de manera eficiente en aspectos clave, como el control de los penales, desde donde se origina un número considerable de casos de extorsión. Tampoco ha establecido una coordinación efectiva con el sector privado, por ejemplo, con empresas tecnológicas como Meta, para regular el uso de WhatsApp en actividades delictivas; ni con las compañías telefónicas, para acelerar el proceso de rastreo de llamadas extorsivas; ni con el sector financiero, para detectar y bloquear las cuentas utilizadas por los delincuentes.

Afirmó que las medidas adoptadas por el gobierno son equivocadas, que las autoridades no están preparadas para enfrentar este tipo de delito y que no se están tomando las acciones necesarias para detenerlo.

FUENTE: LA REPÚBLICA