Transportadora de Gas del Perú despidió a 14 trabajadores tras la formación del primer sindicato de la empresa
La Sunafil determinó que TGP vulneró la libertad sindical de los trabajadores cesados en diciembre de 2023, aplicando la causal de "pérdida de confianza" pese a que la empresa nunca les informó de esa condición. Casi dos años después, varios excolaboradores aún litigan para recuperar sus puestos.
El 28 de diciembre de 2023, apenas diez días después de que el Ministerio de Trabajo reconociera oficialmente al Sindicato Unitario de Trabajadores de Transportadora de Gas del Perú (SUTRATGP), la empresa despidió a 14 trabajadores -entre ellos los cinco miembros de la junta directiva del gremio- bajo la figura de "pérdida de confianza". La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) concluyó que TGP sí conocía la existencia del sindicato antes de ejecutar los ceses y que la empresa vulneró las garantías reconocidas a los trabajadores sindicalizados. TGP niega haber cometido prácticas antisindicales. Casi dos años después, varios de los afectados continúan litigando ante los tribunales para recuperar sus empleos.
El sindicato nació y murió en diez días... o casi
El SUTRATGP fue constituido el 2 de noviembre de 2023 y reconocido por el Ministerio de Trabajo el 18 de diciembre del mismo año, mediante el expediente N.° 49883-2023-MTPE/1/20.2. Su junta directiva quedó integrada por Vladimir Salhuana Quichiz como secretario general, Tom Bernabé Castro como subsecretario, Alejandro Huayanca Palomino como secretario de Defensa, Vladimir Carhuaz Castro como secretario de Economía, y Julio Rengifo de Dios como secretario de Organización.
Según la versión sindical, el 22 de diciembre se comunicó formalmente a TGP la conformación y reconocimiento del gremio. Seis días después, el 28 de diciembre, los 14 trabajadores fueron cesados.
"Nunca me dijeron que era personal de confianza"
Vladimir Carhuaz llevaba 15 años en la empresa cuando fue despedido. Julio Rengifo, más de 16. Ambos fueron notificados bajo la causal de "retiro de confianza", una figura que nunca les había sido comunicada durante sus años de servicio, y que tampoco figuraba en sus boletas de pago.
"Esa condición de personal de confianza nunca me la comunicaron, a pesar de tener 15 años trabajando. Recién lo hicieron cuando me despidieron", declaró Carhuaz.
Rengifo fue igual de directo:
"La categoría "personal de confianza" tenía que estar en las boletas de pago, pero nunca fue así. El despido incluyó a 14 personas afiliadas al sindicato y, entre ellas, a toda la junta directiva. Este hecho, a todas luces, no es una simple coincidencia."
La postura de TGP
La empresa negó haber actuado con fines antisindicales. En documentos presentados en procesos judiciales, TGP sostuvo que los ceses se dieron en el marco de un proceso de mejora de operaciones y que no tenía conocimiento de la formación del sindicato antes de los despidos, argumentando que no encontró evidencia de comunicaciones electrónicas del gremio entre el 18 y el 28 de diciembre de 2023.
Sin embargo, la propia empresa reconoció posteriormente ante Sunafil que sí recibió el correo de comunicación sobre la formación del sindicato, y que no existía ninguna carta que informara a los trabajadores sobre su condición de "personal de confianza", ni tampoco figuraba en sus boletas de pago u otro documento.
Lo que determinó la Sunafil
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral intervino en el caso desde las regiones de Ayacucho y Cusco. En Ayacucho, el Acta de Infracción N°067-2024-SUNAFIL/IRE-AYA concluyó que TGP vulneró la libertad sindical de los trabajadores cesados y calificó la infracción como muy grave, proponiendo una multa de S/ 142,062. A ello se sumó una infracción grave por falta de colaboración durante la inspección, con una multa adicional de S/ 8,085. En total, el acta de Ayacucho fijó una posible sanción de S/ 150,148.
El acta también estableció una línea temporal clave: el sindicato presentó su solicitud de registro ante el Ministerio de Trabajo el 14 de noviembre de 2023, por lo que sus miembros estaban protegidos por el fuero sindical desde esa fecha. Además, Sunafil determinó que el 28 de diciembre, a las 9:16 a.m., se comunicó a tres funcionarios de TGP la constitución y reconocimiento del SUTRATGP, antes de que se ejecutaran los despidos ese mismo día.
En Cusco, un segundo expediente de Sunafil registró que de los 20 trabajadores cesados entre el 28 y 29 de diciembre de 2023, 14 eran afiliados al sindicato. Las sanciones vinculadas a ambos procedimientos superarían los S/ 200,000.
El conflicto también llegó al plano internacional. En febrero de 2024, la federación IndustriALL Global Union -que agrupa a 550 sindicatos de sectores de minería, energía y manufactura en más de 130 países- envió una carta a TGP exigiendo la reincorporación de los diez trabajadores despedidos y cuestionando la presunta vulneración de la libertad sindical. TGP respondió negando las prácticas antisindicales, pero IndustriALL rebatió esa versión señalando que la empresa sí fue notificada de la formación del gremio antes de ejecutar los ceses.
En el plano judicial, diez excolaboradores denunciaron penalmente al gerente general de TGP, Tomás Delgado Farizo, por presunto atentado contra la libertad de trabajo y asociación. En febrero de 2025, el fiscal a cargo resolvió no formalizar la investigación preparatoria, decisión que fue impugnada por los afectados.
Cuatro de los diez trabajadores que no aceptaron acuerdos de mutuo disenso lograron retornar a TGP mediante medidas cautelares. Los demás siguen en proceso judicial, con audiencias programadas entre junio y agosto de 2025.
La situación personal de los afectados ha sido severa. Carhuaz debió utilizar su liquidación para subsistir y enfrentó dificultades para recolocarse laboralmente. Rengifo perdió el seguro médico para él y su familia, acumuló deudas hipotecarias y no ha logrado conseguir un nuevo empleo.
"Nosotros los afiliados simplemente hemos ejercido nuestro derecho constitucional de sindicalizarnos. No hemos violado ninguna normativa", afirmó Rengifo.
TGP es una empresa estratégica para el país: opera el transporte de gas natural y líquidos desde Camisea hacia la costa, siendo parte central del sistema energético peruano. La compañía ha propuesto ampliar su concesión de transporte de gas natural hasta 2044.
El caso de los extrabajadores del SUTRATGP expone las tensiones que persisten en el Perú entre el derecho a la sindicalización -reconocido constitucionalmente- y las decisiones empresariales en sectores estratégicos de la economía. Con procesos judiciales aún en curso y sanciones administrativas propuestas por Sunafil, el desenlace de este conflicto laboral seguirá siendo seguido de cerca tanto por los trabajadores afectados como por las organizaciones sindicales nacionales e internacionales.
Fuente: LA REPÚBLICA / REDACCIÓN: RADIO TRUENO
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