La OEA activa la carta democrática y enviará su misión al Perú

Por aclamación, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó la resolución titulada ?Respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú?. El 12 de este mes, el presidente Pedro Castillo y el canciller César Landa enviaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, una solicitud de activación de la Carta Democrática Interamericana, concretamente en lo que respecta a sus artículos 17 y 18.

La resolución incluye cuatro puntos. El primero expresa su ?solidaridad y respaldo al Gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como a la preservación de la institucionalidad democrática?.

El segundo hace un llamado ?a todos los actores para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de derecho? y recuerda que el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece que ?el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la OEA?.

El tercero confirma la voluntad de la OEA ?a brindar apoyo y cooperación, a requerimiento del Gobierno del Perú, mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático?.

Y el cuarto ?el más relevante? anuncia la designación de un ?grupo de alto nivel? el cual será conformado por representantes de los Estados miembros, ?en concordancia con la Carta Democrática Interamericana? a fin de que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación de la que, posteriormente, informará al Consejo.

Sesión resuelta

La jornada en la OEA empezó con Almagro resumiendo la solicitud del Estado peruano. Luego, fue el turno de Stuardo Ralón Orellana, primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él estuvo la semana pasada en Lima para entrevistarse con distintas autoridades y ofreció al Consejo Permanente su informe de la situación. Entre lo más importante de su intervención, Ralón destacó que ?en los últimos años? el Perú ha pasado por crisis políticas por el uso reiterado de tres figuras constitucionales: la acusación constitucional, la vacancia por incapacidad moral permanente y la disolución del Congreso.

Además, Ralón señaló que la corrupción debe combatirse desde el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, ?en particular el debido proceso y el principio de legalidad?.

Resulta interesante este punto porque existe entre la oposición peruana una versión extendida de que, recién en suelo peruano, la OEA conocerá del alcance de las acusaciones contra Castillo y su entorno. Sin embargo, a la luz de lo expresado por el vicepresidente de la CIDH, en la OEA parecen estar al tanto de aquellas. De hecho, Ralón conversó con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, durante su visita reciente.

Ralón añadió que la CIDH ha tomado nota de que el Tribunal Constitucional no emitió opinión sobre el alcance constitucional de la incapacidad moral permanente, incluso cuando se lo pidieron ?en momentos oportunos?. Esto ocurrió durante el gobierno de Martín Vizcarra.

Enseguida tomó la palabra el canciller Landa, que se encontraba conectado desde su despacho en Torre Tagle. En su intervención, abogó por el diálogo como mecanismo para resolver las diferencias, aunque dijo lamentar que todos los llamados que se han hecho para conversar han sido ignorados y, por el contrario, la confrontación se ha agudizado en lugar de disminuir.

Landa agregó que el envío de una misión de observación conformada por representantes de los Estados miembros de la OEA resultaría esencial para ?una mirada neutral e independiente? sobre la situación ?que vive el Perú?.

Fue la representante de Guatemala la que solicitó que el proyecto de resolución sea votado por aclamación. Así ocurrió.

Se puede decir que todos, públicamente, manifestaron su respaldo a la decisión pero con matices. Algunos, incidiendo en la necesidad de preservar la democracia peruana y brindar la ayuda que urge para lograr ello.

Tal es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, Uruguay y Canadá. Otros fueron explícitos en su respaldo al Gobierno de Castillo. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo que su país sigue de cerca la situación política del Perú y que la rendición de cuentas ?es vital para un sistema político democrático?.

Price comentó que ese fue el mensaje que el secretario de Estado, Antony Blinken, transmitió a Castillo y a otras autoridades en su visita a Lima el pasado 6 de octubre, en el marco de la Asamblea General de la OEA.

La solicitud del Gobierno para activar la Carta Democrática se sustentaba en una serie de hechos que, desde su óptica, demostrarían la intención del Congreso y del Ministerio Público de ?alterar? el orden democrático peruano, entre ellos la falsa acusación del fraude electoral y las mociones de vacancia por incapacidad moral. No obstante, especialistas consultados por este diario apuntan a que lo más probable es que la misión de la OEA se encuentre con un escenario en el que se evidencie a poderes enfrentados pero coincidentes en sus comportamientos antidemocráticos.

Legislativo reacciona

Mientras tanto, en el Congreso, su presidente José Williams remitió una carta al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Jan Willem, en la que asegura que Castillo busca desinformar.

?Me preocupa que el presidente Castillo esté usando un mecanismo como la Carta Democrática para obstaculizar las 6 investigaciones penales que pesan en su contra. El mandatario debe saber que la decisión de la OEA no va a afectar los procedimientos que se llevan a cabo en el Congreso?, detalló el titular del Legislativo.

Congreso acusa a Castillo de obstaculizar investigaciones

José Williams, titular de la Mesa Directiva del Congreso de la República, remitió una carta al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Jan Willem, en la que aseguró que el Gobierno del presidente Pedro Castillo busca ?desinformar a los países miembros? con el pedido de activación de la Carta Democrática.

En el oficio se advierte que solicitud del Gobierno sería parte de un mecanismo para encubrir y obstaculizar las investigaciones fiscales que pesan contra el jefe del Estado.

También defendió las denuncias constitucionales presentadas contra Castillo, entre ellas la remitida por Patricia Benavides a la SAC. ?Estas han sido presentadas luego de que, tras una ardua investigación, la fiscal de la Nación haya encontrado suficientes indicios y pruebas de la comisión de los delitos de crimen organizado, tráfico de influencias agravado y colusión?, dijo Williams.