Odebrecht indigna al país con demanda ante el CIADI

Pide $1200 millones de indemnización

Odebrecht indigna al pas con demanda ante el CIADI

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¿Se burla de todos? La constructora brasileña Odebrecht -investigada en el caso ?Lava Jato? por el pago de sobornos para adjudicarse obras- presentó una demanda arbitral contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La compañía involucrada en actos de corrupción exige el pago de $1,200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio con la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Demanda

El último martes, el CIADI con sede en Washington D.C. registró una solicitud de arbitraje presentada por una subsidiaria de la constructora en Luxemburgo denominada Odebrecht Latinvest S.á.r.l.

La constructora argumenta que el 24 de enero de 2017, se canceló ?de manera arbitraria? el contrato de concesión del GSP, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria, como la ejecución de la carta fianza.

A través de un comunicado, la compañía asegura que como resultado de la terminación, ?la concesionaria quedó con significativas obligaciones de reparo de financiamientos tomados para la ejecución de las obras, de pagos de deudas con proveedores y trabajadores?.

Añaden que se vieron obligados a ejercer las acciones necesarias para cumplir con el pago de todos su acreedores.

Además, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Odebrecht argumenta en su solicitud de arbitraje que ?sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del GSP?.

Sin sustento

¿Es justa de la demanda de Odebrecht? Vayamos a la historia. En 2017, el consorcio integrado porOdebrecht(55 %),Enagás (25 %) y GyM (20 %) perdió la licitación del proyecto gasífero al no demostrar que tenía el financiamiento necesario para la ejecución de la obra.

También por no acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el contrato de concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado.

Un año antes, el gobierno había decidido no modificar la cláusula anticorrupción contemplada en el contrato GSP, pues el pedido era clave para cerrar la adquisición de acciones y el financiamiento del proyecto, que significaba alrededor de US$ 7,500 millones.

La cláusula -clave para efectos de arbitrajes- establecía en el numeral 5.1.6 del contrato de concesión que ?ni ellos, ni ninguno de los accionistas, socios o empresas vinculadas ni cualquiera de sus respectivos directores funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar, recibir u ofrecer ningún pago o comisión ilegal en relación con la concesión, el contrato o el concurso?.

Mientras que en la cláusula 20.1 literal c.6 del contrato, se señala que el Estado queda facultado a declarar la resolución del contrato de la concesión por ?la falsedad de cualquiera de las declaraciones?.

Corrupción

En junio del año pasado se empezó a deslizar la posibilidad de un pago de sobornos para adjudicarse el GSP. Según la filtración de documentos de la constructora brasileña, habría un pago de $3 millones relacionados al proyecto durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).

Según un portal periodístico, en los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de la compañía brasileña ?se registran 17 pagos relacionados a la millonaria concesión adjudicada a un único postor? durante el régimen de Humala.

Y en setiembre de 2019, el fiscal coordinador del Equipo Especial ?Lava Jato?, Rafael Vela, indicó que Odebrecht aceptó el pago de sobornos por el GSP.

?Adicionalmente a eso (el Acuerdo de colaboración eficaz) ha permitido que la empresa Odebrecht se declare culpable en dos nuevos proyectos sumado al caso del GSP y San José de Sisa?, dijo Vela entonces.

Reacciones

Al respecto, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde calificó la demanda como ?una puñalada por la espalda al Perú? y cuestionó el trabajo de los procuradores. ?Eso pasa por poner procuradores novatos?, dijo.

Por su parte, la exprocuradora Anticorrupción Katherine Ampuero cuestionó que el procurador Jorge Ramírez no haya incluido en el acuerdo que la constructora renunciara a las pretensiones indemnizatorias y que por el contrario ?se les devolvió S/524 millones por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla?.

Sin embargo, descartó que el acuerdo pierda sus efectos tras la demanda y se disuelva.

Por su parte, Juan Pari, expresidente de la Comisión Lava Jato, tildó la demanda como ?amenaza?.

?Odebrecht está pensando cómo recuperar activos, cómo presionar al Estado peruano para seguir delinquiendo?, expresó.

Precisó que en el acuerdo no se incluyó la cláusula anticorrupción. ?Eso es un vacío fuerte, no solamente del Ministerio Público, sino del conjunto del Estado?, anotó.

Se conoció que el fiscal Vela Barba le pidió a Odebrecht el pasado 24 de enero, conocer los términos de la demanda para evaluar la compatibilidad o no del documento con el acuerdo de colaboración eficaz.

De existir negación de culpabilidad o contradicción, la empresa volvería a ser incorporada ?como sujeto de investigación penal?, así como todos sus exfuncionarios.

En declaraciones a El Comercio, consideró que la demanda genera turbulencia y que es innecesario pero que ?mantenemos esto en cuerdas separadas entendiendo que los acuerdos de colaboración eficaz no son acuerdos de confianza?.

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