César Nakazaki: ?Estoy trabajando el hábeas corpus de Fujimori?

Por su parte, Alejandro Aguinaga, médico de cabecera del exmandatario, pide que no se generen expectativas porque, dada la condición de salud de su paciente, este cuadro le genera sufrimiento

César Nakazaki: ?Estoy trabajando el hábeas corpus de Fujimori?

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La defensa legal de Alberto Fujimori ensaya un nuevo intento por conseguir la libertad del expresidente. Su abogado, César Nakazaki, está ultimando los detalles de un recurso de nulidad que presentará en breve ante la Corte Suprema.

En paralelo, cocina un hábeas corpus para contrarrestar la anulación del indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la víspera de Navidad del año 2017.

El letrado adelantó para Correo sus afanes de las últimas semanas de lo que sería otro intento para revertir la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de octubre de 2018.

?Estoy trabajando el hábeas corpus del expresidente Alberto Fujimori?, dijo escuetamente.

Sin embargo, fuentes cercanas a la familia de los Fujimori detallaron a este diario que, a la par, Nakazaki presentará un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Ello sería ante la Sala Penal Permanente de la máxima instancia judicial.

En tanto, su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, pidió que no se levanten expectativas al exmandatario respecto de los recursos que se presenten contra la anulación de su indulto.

?Lo único que invoco es que no le generen expectativas a Alberto Fujimori, porque lo hacen sufrir. Cuando estén seguros de que va a ser así (resultados concretos), que lo hagan?, expresó.

En una entrevista que concedió Nakazaki, hace unos meses indicó que todavía la batalla legal no se había terminado.

?Seguimos luchando para que se preserve el indulto humanitario. Para nosotros la batalla legal no ha terminado. Seguiré dando la batalla en la medida de todas mis capacidades y posibilidades, porque si de algo estoy absolutamente convencido es de dos cosas: Alberto Fujimori fue injustamente condenado y es doblemente injusto que muera en prisión?, dijo a El Comercio.

RECHAZO

El indulto fue cuestionado por diversas ONG de Derechos Humanos que defendieron a los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, en los cuales Fujimori fue acusado como autor mediato del delito de homicidio calificado y posteriormente condenado a 25 años de prisión efectiva.

De esta forma, tal situación fue a parar hasta las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), donde el Gobierno, por ese entonces de PPK, cumplió el rol de argumentar que el indulto se encontraba dentro de los parámetros de las leyes peruanas.

PATIVILCA

En tanto, la respuesta de la Corte-IDH fue que, a pesar de ejercer una función contenciosa, es el propio órgano jurisdiccional (Poder Judicial) de nuestro país el llamado a resolver si se aplica o no el indulto a Alberto Fujimori.

Y fue así. El Poder Judicial a través de la Sala Penal Nacional decidió incluir a Alberto Fujimori en el proceso por el caso Pativilca. El indulto y gracia presidencial que le otorgó PPK borró inmediatamente todos los procesos pendientes. Sin embargo, la justicia sentó un precedente y determinó que el acusado de la autoría mediata siga siendo parte de las pesquisas.

En este caso, Fujimori es acusado de secuestro, tortura y asesinato. Según declaraciones de Martin Rivas y del propio Vladimiro Montesinos, la acción militar necesitaba un aval político que Fujimori dio.

El congresista fujimorista Carlos Tubino, consultado al respecto, dijo que no se iba a pronunciar sobre un tema de no injerencia relacionado a la defensa del exmandatario, ya que -a su juicio- eso obedece a la defensa legal de Fujimori.

?Con relación a eso, se trata de temas relacionados a la defensa de Alberto Fujimori. Como en el caso de Keiko, nosotros en la bancada no tenemos ninguna injerencia. No vamos a opinar. Le concierne exclusivamente a su defensa legal y a su entorno familiar?, expresó el legislador.

CASOS

El denominado caso Barrios Altos sucedió el 3 de noviembre de 1991. Seis individuos encapuchados y armados del grupo Colina irrumpieron en una vivienda en Barrios Altos, donde se realizaba una pollada. Debido a su presunta vinculación con actividades terroristas, ordenaron a los asistentes tirarse al piso y luego les dispararon indiscriminadamente.

Murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años de nombre Javier Ríos Rojas, y otras 4 quedaron gravemente heridas.

Casi un año después, el 18 de julio de 1992 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, más conocida como La Cantuta, nueve estudiantes y un profesor fueron sustraídos de sus residencias y posteriormente, desaparecidos. Los restos de dos de ellos fueron hallados en fosas clandestinas un año después.

Los dos casos llegaron a la Corte-IDH y en ambos el Estado peruano reconoció su responsabilidad en los hechos.

La Corte estableció que resultaba inadmisible la aplicación de leyes de amnistía o cualquier otro tipo de excluyente que obstaculizara la investigación y sanción de los responsables. En ese sentido, señaló en el caso Barrios Altos que las leyes de amnistía dictadas durante el Gobierno de Fujimori, que sirvieron para exonerar a los responsables de este tipo de violación de derechos humanos, carecían de efectos jurídicos.

Esta decisión tuvo un impacto importante a nivel interno en las decisiones de distintos actores judiciales. Como notó la propia Corte-IDH, la sentencia del caso Barrios Altos sirvió de fundamento para rechazar excepciones presentadas en varios procesos judiciales que tenían como propósito la aplicación de las leyes de amnistía. Asimismo, ambas sentencias fueron fundamento para que el Tribunal Constitucional, en casos como Martin Rivas y Salazar Monroe, declarara infundadas demandas de militares que pretendían no ser juzgados por los hechos relacionados con estos casos.

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